Redacción La NUEVA Mañana
La resolución 956/18 publicada en el Boletín Oficial esta semana afecta a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De acuerdo a la misma, ordenada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, los efectivos pueden disparar armas de fuego “en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” mientras se realice el G20.
En relación a ello, los organismos de Derechos Humanos expresaron su rechazo a la Resolución 2018-956 APN- MSG con fecha del 29 de noviembre "en la cual se habilita a las fuerzas federales de seguridad a usar armas de fuego, violando el principio de inocencia de las personas hasta demostrar lo contrario y legalizando la implementación de la violencia por parte del Estado responsable de proteger la vida y garantizar la seguridad de todas las personas".
"El uso desmesurado y desproporcionado del poder de fuego letal provocará mayores daños; manifestarse y peticionar no es un delito, sino un ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los tratados incorporados a ella", advirtieron los organismos.
Además acusaron al Gobierno nacional de tomar dicha decisión "para disciplinar violentamente a quienes se opongan a las medidas que está causando en nuestro país un drástico retroceso".
Firman el comunicado: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Asambleas Permanente por los Derechos Humanos La Matanza - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz - Fundación Memoria Histórica y Social - Asociación Buena Memoria - Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
A continuación el documento completo:
Los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes expresamos nuestro más profundo rechazo a la Resolución 2018-956 APN- MSG del día de hoy 29 de noviembre en la cual se habilita a las fuerzas federales de seguridad a usar armas de fuego, violando el principio de inocencia de las personas hasta demostrar lo contrario y “legalizando” la implementación de la violencia por parte del Estado responsable de proteger la vida y garantizar la seguridad de “todas” las personas. El uso desmesurado y desproporcionado del poder de fuego letal provocará mayores daños; manifestarse y peticionar no es un delito, sino un ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Constitución yen los tratados incorporados a ella.
El gobierno nacional toma esta decisión cuando se realiza en Buenos Aires la reunión del G20 y en vísperas de una gran manifestación que se prepara para repudiar las políticas que producen miseria y muerte para la gran mayoría de los pueblos del mundo.
Es decisión de este gobierno disciplinar violentamente a quienes se opongan a las medidas que está causando en nuestro país un drástico retroceso.
Enmascarado detrás de la “inseguridad” se esconde la inseguridad jurídica, la misma que permitió por años que los genocidas gozaran de impunidad; la misma que deja sin condena la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la violación y asesinato de la joven Lucía Pérez.
Siempre hemos bregado por la paz y la democracia. Hacemos responsable al Presidente Mauricio Macri de la difícil etapa por la que está atravesando nuestra patria y le exigimos revierta el rumbo económico y político que nos está llevando a una situación de enorme gravedad.
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