Redacción La NUEVA Mañana
El juez federal Martínez de Giorgi decidió citar a declaración indagatoria a cuatro funcionarios designados por el Ministerio de Defensa para contratar los servicios de búsqueda del submarino ARA San Juan. Deberán comparecer el próximo 15 de noviembre, según informó el diario Tiempo Argentino.
“Los funcionarios públicos recomendaron la adjudicación del servicio de búsqueda del submarino a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, indicó el magistrado en el escrito por el cual citó aHéctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta y Pablo Alberto Longhi.
Estos cuatro funcionarios formaron parte de la Comisión Evaluadora; dos pertenecen a la Armada, uno a la Fuerza Aérea y el restante es un civil del Ministerio de Defensa.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por la abogada Valeria Carreras, quien junto con el estudio de Fernando Burlando tiene a su cargo la representación de un grupo de familiares de los tripulantes de la nave.
La abogada aseguró que detectó “distintas irregularidades acontecidas en torno a la contratación directa (por razones de urgencia) para la búsqueda del buque sumergible, iniciada por el Ministerio de Defensa a través de concurso internacional de ofertas”. Entre esas irregularidades figuraban problemas de registración legal de la empresa que finalmente terminó adjudicada.
De este modo, el fiscal Delgado resolvió avanzar en la investigación sobre el número societario de la empresa española preadjudicataria porque “no coincidía con el nombre, número de CUIT ESB1751190 IGEOTEST GEOSCIENCES SL”. Es decir que figuraba el nombre de una empresa, y la identificación de otra. Y esta segunda, la también española CONTROL Y PROSPECCIONES SL -presuntamente del mismo grupo económico-, estaba, además, en concurso de acreedores.
Pese a todo, el 1° de junio de 2018 se oficializó la preadjudicación. La abogada Carreras la impugnó porque a su entender la firma contratada “no contaba con la experiencia necesaria”.
Ahora, el juez Martínez de Giorgi consideró que están dadas las condiciones para indagar a los responsables de esa contratación, finalmente frustrada.
