La Justicia hizo lugar al hábeas corpus tras la represión en San Roque

Adarsa dio a conocer que desde el Juzgado de Control de Carlos Paz exhortaron a las autoridades a elaborar un protocolo de actuación conjunta.
El hábeas corpus se realizó luego de que fueron detenidos varios manifestantes en la obra de la autovía que construye la provincia. Foto: archivo.

La Justicia decidió este miércoles dar lugar al hábeas corpus presentado por vecinos autoconvocados de la Comuna de San Roque, luego de que denunciaran represión policial al intentar que no se avance con la autovía de montaña el 21 de agosto pasado.

A través de un comunicado, la Asociación de Amigos Río San Antonio (Adarsa) destacó que el Juzgado de Control de Villa Carlos Paz resolvió hacer lugar al pedido presentado por la abogada Marcela Fernández.

De esta manera, exhortó a las autoridades de la Comuna de San Roque y al Ministerio de Gobierno de la Provincia (Secretaría de Seguridad) y Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, para que elaboren en un plazo de 30 días un protocolo de actuación conjunta que satisfaga el acceso a la información y prevenga situaciones como la ocurrida, implementando mecanismos de diálogo, y en última instancia y solo ante casos de notoria gravedad, apelar a la fuerza pública.

Asimismo, el Juez consideró que en ese momento, “los residentes de la localidad de San Roque no tuvieron mayores alternativas de acción en pos de impedir la supuesta destrucción ilegal del bosque. Entender, contrariamente, que debieron canalizar sus reclamos por ante las vías judiciales pertinentes importa exigirles tolerancia sobre lo que podría haber sido un daño actual e irreversible".

“Si se considera entonces que, frente al poder político, económico e institucional del Estado provincial, se erigió una cantidad no mayor de manifestantes, residentes de una localidad sin un fuerte poder político o económico, es posible concluir que estos últimos se hallaban en una situación de inferioridad, por lo que se les debe garantizar, consecuentemente, con mayor vigor, el derecho a que sus voces o peticiones sean escuchadas y tratadas", afirmaron desde el juzgado.

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