Los nombres de los pibes se suceden unos tras otros, divididos apenas por guiones que separan sus vidas desaparecidas y asesinadas a manos de la Policía, Gendarmería, Prefectura, o por negligencia u omisión como ocurrió con el caso de Azul Montoro.

El grito contra el gatillo fácil surgido en Córdoba en 2014 -y que tiene entre sus víctimas a David Moreno, Fernando “Were” Pellico y Franco Amaya- durante estos cuatro años se volvió nacional, sumando a una lista que parece no detenerse, a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, muertos en represiones de fuerzas federales.

Organizada y convocada por la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, hoy lunes 27 de agosto será la cuarta edición de la marcha que repudia la violencia del Estado. En Córdoba, la concentración será a las 17 en Colón y General Paz, y en Capital Federal marcharán a la misma hora hacia Plaza de Mayo.

El mapa de las movilizaciones se extiende a lo largo y a lo ancho del país, atravesando e incluyendo más de la mitad de las provincias, bajo las mismas consignas: “No más militares en nuestras calles”; “Por los que nos quitaron y los que nos quedan”; “No nos vendemos, no olvidamos y no perdonamos”; “Basta de desaparecidos en democracia”; “Abajo la ley antiterrorista”; “El Estado y los gobiernos son responsables”.

“La represión estatal se refleja de distintas formas y nos toca a través de la violencia económica, machista, del interés inmobiliario y del accionar policial en nuestros barrios, entre otros”, señalaron a través de un comunicado.

Además, desde la Coordinadora recordaron y condenaron los allanamientos masivos a organizaciones sociales y centros culturales ordenados por el fiscal Gustavo Dalma el año pasado, después de la tercera marcha contra el gatillo fácil.

En los procedimientos la Policía se llevó banderas, bombos, carteles, volantes, libros, y hasta pedidos de aparición con vida de Santiago Maldonado, quien en aquel momento continuaba desaparecido tras la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut. “El año pasado fuimos violentados, reprimidos y allanados por parte de la policía, el poder judicial y el Gobierno”, denunciaron desde la organización de la marcha.

El último informe dado a conocer por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reveló que en Argentina “las fuerzas de seguridad del Estado matan a más de una persona por día”. Según la organización que releva los casos de gatillo fácil en el país desde 1996 -a falta de un registro del ministerio de Seguridad de la Nación- en los casi tres años del Gobierno de Mauricio Macri, se logró superar la cifra de un muerto por día, sumando 725 personas asesinadas por el aparato represivo en sus diferentes modalidades.

“Con preocupación, anunciamos que el Gobierno de Cambiemos ha pegado un salto gigante en materia represiva: de una muerte cada 28 horas, saldo de los gobiernos kirchneristas, pasamos a un caso cada 23 horas. Hoy la situación es infinitamente más grave. De las 5462 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 corresponden al gobierno de Cambiemos. Otro dato revelador es que del total de femicidios, el 20% son cometidos por miembros varones de las fuerzas de seguridad”, señala Correpi en su último informe.

“El juicio por el crimen de Franco fue una burla”

Laura Cortéz, madre de Franco Amaya, el adolescente de 18 años asesinado en un control vehicular de Carlos Paz por el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, habló con La Nueva Mañana y dijo que este lunes participará por segunda vez de la Marcha contra el Gatillo Fácil para exigir justicia por su hijo y por todas las víctimas de la violencia policial.

“Soy de pocas palabras porque cuando hablo, lloro. Pero este lunes voy a ir a la marcha porque no es justo que a pesar de lo que pasó con Franco, con “Were” Pellico, con Facundo Rivera Alegre, todo siga igual. Nada cambió. El juicio por el asesinato de mi hijo fue una burla. No entiendo para qué hicieron todo ese circo, tantos días, tantas audiencias para nada”, graficó. “Nosotros habíamos pedido perpetua para Diego Albornoz, el policía que lo mata, y le dieron solamente 12 años. Entonces, de qué Justicia hablamos cuando los asesinos se te ríen en la cara al escuchar sus condenas”, comienza diciendo Laura a este medio.

Franco fue asesinado un día antes de recibirse de peluquero. En la madrugada del 22 de febrero de 2017. Iba en moto con su primo cuando el policía le disparó a 50 centímetros de distancia. La Cámara 11ª del Crimen condenó a 12 años de cárcel a Velardo Bustos y absolvió al oficial Ezequiel Villagra, acusado por omisión de los deberes de funcionario público.

Los dosajes posteriores al disparo fulminante revelaron que los dos efectivos habían consumido alcohol. La acusación original que había pedido el fiscal Diego Albornoz era de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policía, pero el funcionario quitó el segundo calificante, lo cual le permitió no solicitar la prisión perpetua, sino una pena inferior.

“Yo sigo adelante por mi otro hijo, Luciano, que era el mayor y quedó destruido. Cada día me levantó y trabajo de moza para llevar el dinero a casa y que no nos falte nada. Si no fuera por él y por mi trabajo, no podría vivir. Que un policía mate a un chico y que sea condenado como cualquier otra persona, no es justicia. Yo estoy convencida que el fiscal se vendió. Es lo único que explica que se haya dado vuelta así”, concluye Laura.

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