En un comunicado difundido a última hora del domingo, la Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo reclamaron por la paralización de la causa “Amuchástegui y otros sobre delito de contaminación ambiental”, radicada en la Cámara 7ma del crimen.

Asimismo, anunciaron que el pasado viernes 10 de agosto constituyeron como nuevo abogado, al doctor Germán Matheu de la Fundación Lucadesa (Lucha contra la Contaminación Ambiental en defensa de la Salud), aunque advirtieron que el resto de las querellas del barrio, siguen con el patrocinio del docto Carlos Nayi.

"El próximo 22 de agosto se cumplen 6 años de la primera condena en Argentina, América Latina y el mundo a un productor y un aeroaplicador por el delito de poner en peligro la salud de la población con fumigaciones agrotóxicas. Sin embargo, el segundo juicio por hechos que también pusieron en peligro la salud de una población declarada en emergencia sanitaria, se encuentra paralizado hace casi cinco años en la Cámara 7ma del crimen", explicaron en su comunicado.

En esta causa, además de los ya condenados, el productor Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello, también están imputados "los empresarios Javier y Fernando Amuchástegui, directivos de la empresa Tecnocampo S.A., (con sede central en Montecristo), la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya (también aeroaplicador)". La causa se encuentra radica en la Cámara 7ª del Crimen, presidida por Víctor Velez.

"Para movilizar la causa hemos incorporado como abogado del grupo al doctor Germán Matheu, abogado de la Fundación Lucadesa, confiando en que podamos realizar un trabajo mancomunado para que se realice efectivamente el juicio, porque la justicia que es lenta no es justicia", afirmaron.

"En nuestro barrio cientos de personas siguen padeciendo las consecuencias de la contaminación sin contar con tratamientos a las y los afectados, sin equipos médicos especializados para un seguimiento de cientos de personas expuestas y con enfermedades y afectaciones varias asociadas a la contaminación agrotóxica", recordaron además.

Asimismo, aseveraron que los defensores de los condenados han interpuesto muchos recursos para que la condena del 2012 no quede firme pero no lo lograron.

"En 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Provicia ratificó la sentencia con una ejemplar argumentación en la resalta el bloque normativo que sostiene la figura del delito de peligro, reconoce la declaración de la emergencia sanitaria del barrio y advierte sobre la falta de controles de parte del Estado", aseveraron en el escrito donde precisaron que en 2017, la condena también fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación.

"La condena del año 2012 en la causa Gabrielli y otros, al productor Parra y el aeroaplicador Pancello se estaría cumpliendo según información brindada sin detalles en la ventanilla del Juzgado de Ejecución de Sentencia N°2 a cargo de Cristóbal Laje, ocho de trabajo no remunerado en hospitales públicos e inhabilitación de registros. Sin embargo no nos consta aún dónde ni cómo están cumpliendo la condena, algo que también exigimos conocer públicamente, como parte de las medidas que son necesarias para reparar la salud y la memoria colectiva por el delito que cometieron en el barrio. El segundo juicio no puede seguir esperando" advirtieron las madres de Barrio Ituzaingó Anexo que exigieron a la Cámara 7ma que ponga fecha para el inicio de las audiencias.

"A nivel internacional acompañamos la lucha global contra Monsanto y celebramos la histórica condena a la multinacional de los agrotóxicos por ocultar la toxicidad del glifosato y lograr así la aprobación así tanto en EE.UU. como en Argentina y toda la región. Al igual que el tribunal de California, exigimos que el Poder Judicial actúe en vida de las y los querellantes, porque algunos ya han fallecido" indicaron también.

El comunicado concluye con un llamado a la solidaridad "de las luchas en nuestro país y toda América Latina, de madres y maestras, de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, de investigadores independientes en las universidades públicas que defienden los derechos a la vida, la salud y el ambiente y le dicen no a los agrotóxicos en el agua ni en nuestros alimentos, ni el aire ni la luvia ni en la tierra donde juegan y estudian nuestras hijas e hijos, nuestras nietas y nietos, que le dicen no a los desmontes y exigen la erradicación de silos y depósitos de agrotóxicos del medio de pueblos y ciudades, de fábricas de químicos y biocombustibles y termoeléctricas y depósitos de residuos de agrotróxicos en medio de barrios y áreas pobladas. Basta de agrotóxicos en la sangre de nuestras niñas y niños, basta de enfermar y poner en peligro a las actuales y futuras generaciones, basta de la invisibilización del problema por parte de los ministerios de salud y ambiente y las cámaras empresariales y de profesionales".