El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Unicameral, Orlando Ardúh, convocó para que concurran al Poder Legislativo a los intendentes radicales y del PRO de todos los departamentos que optaron por firmar el Pacto Fiscal propuesto por la provincia y también a quienes lo rechazaron. para escuchar los argumentos antes de la votación de la ley el próximo miércoles.

Hasta hoy, solo tres legisladores votarán en contra de la iniciativa del gobierno de Juan Schiaretti, Javier Bee Sellares, Miguel Nicolás y Carlos Ciprian. En cambio legisladores como Eugenio Diaz del Departamento Cruz del Eje ya anticipó que apoyará la iniciativa que los intendentes de su departamento ya rubricaron. El resto de los doce legisladores que conforman el bloque están más inclinados por la abstención. Los otros dos partidos políticos que conforman el interbloque Cambiemos votarán divididos. El PRO votaría a favor y el Frente Cívico, en contra.

El nuevo Pacto Fiscal implica una transferencia de fondos no reintegrables para “proteger y fortalecer a los municipios y comunas”. Este mecanismo de asistencia, desde distintas partidas del presupuesto, procura disminuir el impacto de la crisis global que afecta a la Argentina que anticiparon los propios funcionarios del gobierno nacional y que ya recibió fuertes críticas del gobernador de la provincia.

El convenio crea un “Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas” que este año es de 910 millones de pesos. El Fondo de Desarrollo Urbano para la realización de obra pública repartirá $738 millones del año pasado que los intendentes que representan el 75% que debían más $838 millones del mismo fondo que ahora se distribuirán. Además se destinarán otros $500 millones para brindar créditos a aquellos que justifiquen dificultad financiera.

La Provincia se compromete también a distribuir los importes que perciba en concepto de amortización e intereses generados por el “Bono de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal”.

La Provincia pondrá a disposición otros 300 millones de pesos para construir redes domiciliarias de gas, 250 millones de pesos por un Fondo Complementario y otros 107 millones por programas de iluminación.

Se implementarán programas de responsabilidad previsional (intimar a jubilarse a aquellos agentes que hubieran alcanzado edad de retiro, entre otros aspectos); y los intendentes deberán renunciar a los procesos administrativos y/o judiciales con base en el régimen de Coparticipación Provincial o relativos a fondos específicos o bien desistir de los reclamos ya iniciados.

La condición de terminar con las demandas en contra del Gobierno provincial apunta directamente al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre y su par de la ciudad de Oliva, Oscar Tamis, quienes en su carácter de presidente del Foro de Intendentes Radicales y de las Comunas y Municipios PRO (COMUPRO), respectivamente, presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia reclamando fondos coparticipables.

En la misma, dejaron hecha la reserva de plantear la inconstitucionalidad del Consenso Fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y rubricado por casi todas las provincias del país, con excepción de San Luis y La Pampa. Ambos jefes municipales ya anticiparon que no adherirán al nuevo Pacto Fiscal.

En las cláusulas que dan cierre al acuerdo, se apuntan obligaciones comunes para la modernización administrativa estableciendo el compromiso de impulsar programas conjuntos para la modernización del Estado, la simplificación administrativa y el gobierno digital. También, se arbitrarán medios para la exención en el pago del impuesto sobre Ingresos Brutos y de tasas municipales que incidan sobre el comercio, la industria y los servicios.

La provincia estima que en total se pondrán a disposición de los municipios y comunas que adhieran a la propuesta un total de $2700 millones

Hoy ingresa a la Unicameral

El Pacto Fiscal tomará estado parlamentario durante la sesión ordinaria que se desarrollará este miércoles. Se aguarda con gran expectativa el número final de intendentes radicales y del PRO que adherirán a la propuesta del gobierno.

De contar con un gran respaldo significará en los hechos, un aislamiento político de Ramón Mestre de cara a las próximas elecciones generales de la provincia en las que el titular del Palacio 6 de Julio aspira a ser el candidato de Cambiemos.