Rechazo de legisladores a denuncia penal por el desalojo en Juárez Celman

Martín Fresneda, Eduardo Sala y Ezequiel Peressini repudiaron la presentación realizada por el dirigente de la CC-ARI, Hernández Maqueda.
Legisladores se hicieron presentes en Parque Esperanza durante el violento desalojo el pasado 1 de junio. Foto: archivo.

Martín Fresneda, Carmen Nebreda, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini, y la diputada nacional por el FPV-PJ Gabriela Estévez fueron involucrados este jueves en una sorpresiva denuncia penal presentada por el abogado, ex candidato a diputado nacional y dirigente de la Coalición Cívica ARI, Gregorio Hernández Maqueda, por presunto delito de "intimidación pública" en el desalojo del predio Parque Esperanza ocurrido hace 55 días atrás.

Hernández Maqueda formuló la denuncia este miércoles en los tribunales provinciales de Córdoba por los hechos ocurridos durante el violento desalojo en Estación Juárez Celman el pasado 1 de junio. Según el dirigente del CC-ARI, los legisladores y la diputada “habrían incentivado y promovido las agresiones contra un grupo de policías”, intentando “sacar provecho político del caos generado en torno a la delicada situación”, según consigna el escrito.

La denuncia generó el rechazo de varios de los legisladores involucrados en la denuncia. 

Ante la insistencia de La Nueva Mañana, el legislador del bloque Córdoba Podemos, Martín Fresneda se refirió al tema aunque dijo desconocer al denunciante. “No tengo idea quién es el abogado, pero me dijeron que me denunció por hacer lo que debía hacer”, afirmó. 

Luego se explayó: “He pedido al Comipaz, al Tribunal Superior de Justicia, al juez, y a la Cámara que intervinieran para evitar un conflicto social en Parque Esperanza y garantizar la paz social. Por esta razón, fuimos allá para evitar que repriman a la gente. Yo no sé quién es esta persona, pero le diría que si quiere hacer política, que elija otro tema porque me parece que es de mal gusto”.

Fresneda dialogó con este portal en el marco de la aprobación en la Unicameral por unanimidad de un proyecto de beneplácito que impulsó al conmemorarse el décimo aniversario del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. 

En tanto, el FIT difundió un comunicado en el que afirma: “Elisa Carrió, a través de un personaje marginal de la política en Córdoba, Hernández Maqueda, acaba de realizar una denuncia en la que se acusa a los legisladores del Frente de Izquierda, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini, junto a otros legisladores de ´intimidación pública´ entre otras difamaciones. Lo infundado y extemporáneo de la denuncia revela las verdaderas intenciones que es crear las condiciones para reprimir fuertemente los reclamos populares que surgen frente a la aplicación de un plan de guerra contra los trabajadores en el medio del desbarranque de la política económica del Gobierno”.

Por otro lado, expresó que “la denuncia coincide con la aprobación del decreto de Macri que coloca a las FFAA genocidas recorriendo las calles de nuestro país, para garantizar el ajuste acordado con el FMI. Rechazamos la presentación realizada, denunciamos la provocación que es una persecución política y llamamos a la población a ganar contra esta política de ajuste, hambre y represión”.

En tanto, la diputada nacional del bloque FPV-PJ Gabriela Estévez también emitió un comunicado señalando que se pretende "correr el eje del conflicto con una denuncia insustancial" realizada por "un aspirante a candidato de la alianza Cambiemos".

"Lamento profundamente la clara intención de utilizar mediáticamente, para provecho propio por parte del denunciante, un conflicto tan delicado como el que se vive desde la helada madrugada del 1 de Junio, cuando la Policía de la Provincia sacó a los vecinos a la fuerza de sus precarias viviendas para luego arrasarlas con topadoras con todas sus pertenencias adentro", señala el documento de Estévez.

El desalojo se produjo el 1 de junio pasado en la localidad de Juárez Celman. Foto: archivo.



"Al recibir la noticia esa mañana, inmediatamente nos movilizamos hacia el lugar con los compañeros para intentar impedir el atropello, con la intención firme de evitar la violencia y contener a las familias, en su mayoría compuestas por mujeres (algunas embarazadas), niños y adultos mayores, que observaban con impotencia cómo sus sueños eran destrozados mientras la policía los retiraba a los empujones, provocando y amenazándolos durante toda la jornada", recordó la diputada.

"La problemática de los Barrios Populares requiere de soluciones concretas y contundentes, en particular la del conflicto que atraviesan las y los integrantes de la Cooperativa "Barrio Parque Esperanza 12 de junio" en Juárez Celman, que se ha convertido en un caso emblemático ante el alto el porcentaje de población cordobesa con problemas habitacionales, situación que se agrava día a día en el actual contexto de crisis que vive el país", reflexionó también.

Por último, manifestó: "Esta insostenible denuncia que llega ahora, a finales del mes de julio, no sólo peca de extemporánea, sino que demuestra que el denunciante no tiene intenciones de colaborar, ayudar, construir, ya que podría haber realizado muchas acciones previas, como por ejemplo preguntarle a la intendenta Mirian Prunotto, de su mismo espacio político, porqué decidió ejercer la violencia sobre las familias dejándolas sin hogar".

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