El presente del cooperativismo cordobés

Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana

En 1844, un grupo de 28 obreros tejedores de Rochdale, Inglaterra, fueron despedidos de sus empleos. Tras protagonizar una extendida huelga que no pudo hacer cambiar de opinión a sus patrones, los trabajadores decidieron crear una nueva forma de organización legal a través de la cual se unieron aportando partes iguales de su capital y comenzaron a trabajar para satisfacer las necesidades alimenticias de su pueblo. Dicen que allí nació el cooperativismo.

El primer sábado de julio de cada año se celebra el Día internacional de la Cooperación. La elección de la fecha responde a una recomendación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró a mediados de la década de los 90.

El presente de las cooperativas cordobesas

Con más de 1.500 entidades funcionando en territorio provincial, Córdoba es una de las provincias más cooperativizadas del país. Experiencias de diferente origen y con distintos objetos se reparten a lo largo del suelo cordobés solucionando, en la mayor parte de los casos, los problemas que no alcanzaron a resolver ni el mercado ni el Estado. Pese a eso, la organización cooperativa se encuentra con variadas problemáticas que atacan directamente a su funcionamiento. Una de ellas es tributaria y tiene que ver puntualmente con el cobro de Ingresos Brutos que grava una actividad que, por naturaleza filosófica, no guarda relación con el lucro. “Esto es una cuestión de identidad”, dice a La Nueva Mañana Alberto Calvo, de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor). “Si a nosotros nos reconocés como cooperativa, nos tenés que reconocer el acto cooperativo; porque si se entiende que ese acto es susceptible de ser alcanzado por los Ingresos Brutos, lo que estás haciendo es decirnos que estamos protagonizando acciones con finalidad lucrativa”, señala.

El punto sobre el cual se sustenta el planteo tiene su origen en el régimen federal de coparticipación de impuestos que establece que el cobro de Ingreso Brutos recaerá “sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines de lucro” quedando exenta de este abanico la actividad cooperativa. “No sólo es una acción inconstitucional sino que es un acto que representa un total desconocimiento de la naturaleza jurídica del sector”, advierte Calvo que considera que se trata de una “desinteligencia tremenda” del gobierno provincial “que tiene un organismo público que atiende a las mutuales y a las cooperativas pero no comprende su naturaleza”. 

Calvo: “Si a nosotros nos reconocés como cooperativa, nos tenés que reconocer el acto cooperativo; si somos alcanzados por Ingresos Brutos, lo que estás haciendo es decirnos que estamos protagonizando acciones con finalidad lucrativa”.

Desde hace más de un año, el riocuartense Antonio Benigno Rins impulsó una iniciativa legislativa para intentar modificar esta realidad que se expresa como problemática a nivel provincial. “El cooperativismo tiene un desarrollo extraordinario en Córdoba y en toda la Argentina y por eso me parece que se debería promocionar ese tipo de actividad más que castigarlo con un impuesto que, por su naturaleza, no corresponde porque las cooperativas redistribuyen todos sus ingresos entre los socios. Esta es una vieja lucha, pero somos conscientes de que se trata de un tema complejo por el impacto que puede tener en la recaudación provincial”, dice Rins que advierte que no hay que “generar falsas expectativas” sobre el futuro del proyecto.

El presente de las cooperativas eléctricas

Castillo: “Las decisiones que se han tomado en lo concerniente al desdoblamiento de las tarifas se dieron en el peor momento, con muy pocos beneficios para los usuarios y con mucho perjuicio para el desarrollo financiero de las cooperativas”.

En el interior cordobés hay 205 cooperativas que se hacen cargo de la prestación del servicio eléctrico. En dimensiones, garantizan el 30% servicio del total provincial cubriendo el 70% del territorio. Muchas de esas entidades, también se hacen cargo de la prestación de otros servicios entre públicos y sociales. “Las decisiones que se han tomado a través del Ersep y la Legislatura en lo concerniente al desdoblamiento de las tarifas se dieron en el peor momento, con muy pocos beneficios para los usuarios y con mucho perjuicio para el desarrollo financiero de las cooperativas porque nos agarra en medio de una crisis nacional muy profunda”, dice Luis Castillo, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor). En su análisis, dividir las facturas de los servicios que prestan las cooperativas en un contexto de crisis en el que se empiezan a notar los problemas que los usuarios tienen a la hora de pagar sus facturas es “agregarle combustible al fuego” y pone a las entidades en “una situación muy complicada”. La nueva ley provincial obliga a las cooperativas a cobrar cada uno de los servicios que presta en una boleta específica, para Castillo, la crisis hace que el usuario opte por pagar aquellos servicios que son susceptibles de corte dejando en suspenso el pago de otros servicios como el de agua o cloacas. Otro punto conflictivo tiene que ver con la prohibición de sumar el ítem que contempla el aporte de capital a las boletas en las que se cobra el servicio, algo que representa un problema extra para la financiación. “No sabemos cómo lo vamos a cobrar, posiblemente implementemos un troque para que el socio que quiera pagarlo lo haga y el que no, no lo haga. Eso va a generar un escenario de deudas que no sé cómo enfrentaremos”, dice Castillo.

¿Qué dice el gobierno?

Galo: “Nosotros acompañamos el accionar de las entidades y tenemos un fuerte trabajo en la promoción”.

Abraham Galo es el subsecretario de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia. Desde su área, reconoce los reclamos de las cooperativas, aunque entiende que las problemáticas exceden su competencia ya que responden a políticas implementadas desde el Ministerio de Finanzas (en el caso de los tributos) y el Ersep (en el caso del atraso tarifario). “El sector es muy importante para el desarrollo provincial. Hoy tenemos activas entidades que cubren una diversidad muy grande de necesidades sociales a partir de la organización que van desde las cooperativas de servicios públicos hasta cooperativas de viviendas distribuidas a lo largo de todo el territorio”, dice Galo a La Nueva Mañana. “Nosotros acompañamos el accionar de las entidades y tenemos un fuerte trabajo en la promoción. Este año hemos concretado, por ejemplo, las 3ras olimpiadas de cooperativismo y mutualismo educacional, Córdoba es pionera en este tipo de iniciativas. Ya tenemos más de 30 mil jóvenes y niños cooperativizados a través de este programa”, señala al resaltar el trabajo que desde el área se vienen impulsando a la par de las entidades.

El presente de la Coopi

Boido: “Hay un escenario nacional muy complejo que interfiere fuertemente, porque la mayor parte de los insumos necesarios para garantizar los servicios están dolarizados”.

Otro de los ejemplos que tienen un fuerte desarrollo en la provincia es el de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. Desde hace un par de años, la cooperativa de servicios se enfrenta a iniciativas municipales que insisten en “municipalizar” el servicio de agua y cloacas que se presta desde la entidad mediante argumentos que sirven como armas de ataques políticos que la cooperativa viene resistiendo. Ese conflicto está paralizado hoy judicialmente y será la Corte Suprema de Justicia la que termine por resolver qué será del intento de Avilés por correr a la Coopi del lugar que se ha ganado. Esa situación, de todas formas, interfiere en el funcionamiento de la cooperativa ya que dibuja un presente sin contrato de concesión, con prolongado atraso tarifario y con la imposibilidad concreta de ejecutar su plan de obras. “Todo eso se enmarca en un escenario nacional complejo que interfiere fuertemente porque la mayor parte de los insumos necesarios para garantizar los servicios están dolarizados”, dice Jorge Boido consultado por La Nueva Mañana. En ese contexto, los desafíos de la Coopi se plantean en avanzar en “políticas de involucramiento de los trabajadores para que seguir habilitados como prestadores del servicio. También apostamos a sostener la capitalización como ese elemento que nos ayuda a cubrir la falta de ingresos que necesitamos para garantizar que todo el mundo tenga agua todo el día y también estamos preparándonos para que en el recambio obligado que se dará la localidad en términos gubernamentales podamos plantear a los candidatos la necesidad de dejar de lado el encono personal de Avilés para enfocarnos en una política pública de calidad para la ciudad”.

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