En su Artículo 1, el decreto instituye que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
En ese sentido, el texto señala en sus consideraciones que "en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales".
Así, el Ejecutivo busca que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.
Por su parte, la CGT adelantó que el decreto será "inconstitucional" porque "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia". Según señaló el secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, Jorge Sola, no tienen "una decisión de apoyar la reforma laboral del Gobierno". Y puntualizó: "Nunca expresamos que esto sería viable".
Según los últimos datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas por accidentes laborales en octubre de 2016 último aumentaron un 19% respecto de octubre de 2015, siendo 12.444 los nuevos casos ingresados en fueros judiciales.
A esta cifra, se le suman las 89.653 demandas que se iniciaron desde febrero a septiembre de 2016, alcanzando hacia finales del año pasado más de 102.000 juicios contra las ART.