Por ley, la Municipalidad resignaría $500 millones por tasas en los servicios públicos

Unión por Córdoba convertirá en ley el proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti disponiendo la quita del cobro de tasas municipales en los servicios de agua, luz y gas en la sesión que mañana realizará la Unicameral. Previo al inicio de la sesión se desarrollará una reunión conjunta de comisiones donde se abordarán sus alcances y se emitirá despacho para luego ser aprobado por la tarde. 

Enmarcado en el llamado Consenso Fiscal que fue rubricado entre la Nación y las provincias, a excepción de San Luis, el gobierno de Mauricio Macri decidió “limpiar” de las boletas de los servicios públicos todas las tasas que los municipios utilizan para recaudar junto al consumo de los servicios públicos.

Antes, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) de la provincia había adoptado las mismas medidas que pusieron en pie de guerra a los intendentes radicales que denunciaron el desfinanciamiento de sus administraciones al dejar de percibir estos tributos en las facturas de los servicios públicos. El gobierno había anunciado que las tasas no se cobrarían a partir del primero de abril. Ahora, aún con estas cargas sobre las facturas, Schiaretti impulsó esta medida que luego de ser convertida en ley, entrará en vigencia a partir del 1 de Octubre.

Frente el desacuerdo de intendentes radicales y macristas materializada en la presentación judicial que realizó Ramón Mestre, como referente del conjunto de jefes municipales del Ente de Municipios y Comunas Radicales de Córdoba junto a su par de Oliva, Oscar Tamis, como presidente del Ente de Comunas y Municipios del PRO (COMUPRO) en el que dejaron hecha la reserva para plantear la inconstitucionalidad del Consenso Fiscal, el gobernador decidió enviar el proyecto de ley que podría eliminar definitivamente el cobro de las tasas en los servicios públicos.

La iniciativa le da un respaldo legal al ERSEP -como autoridad de aplicación- para que reglamente como municipios y comunas deberán dejar de cobrar tasas municipales en los servicios públicos al seguir los criterios de la ley que establecen el carácter obligatorio para los entes distribuidores o quienes fueren responsables de la facturación, contengan exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario en las prestaciones de servicios públicos domiciliarios.

De esta manera, los servicios deberán ser facturados de manera independiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado a su estricta provisión sumado a los cargos por mayor consumo o subsidios además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos, si correspondiere.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Municipalidad de Córdoba podría dejar de percibir casi $500 millones. Hugo Romero, Secretario de Economía y Finanzas, afirmó días atrás durante una entrevista con La Nueva Mañana, que las tasas que la administración cobra en los servicios de agua, luz y gas son para financiar las obras y los gastos de estos servicios.

En este contexto el municipio  resignaría anualmente $120 millones en las facturas de agua, 250 millones en las del gas y 100 millones líquidos por la tasa de la energía eléctrica, descontando el consumo del alumbrado público y las reparticiones municipales.

“Nosotros tenemos los costos que se financian con inmobiliario, no está incluido el alumbrado público que se financia con la tasa de energía eléctrica que hoy pagan el 10% de los usuarios residenciales y, por una decisión del intendente Ramón Mestre de acompañar a las pequeñas industrias, las bajamos al 6% dependiendo si pasan por más de un medidor o uno solo respectivamente. Con esa plata se financia el servicio de alumbrado público, no es solo el servicio sino el costo de mantenimiento y el costo de inversión”, dice Romero.

“La tasa de agua está relacionada con la construcción, con la obra. El Gobierno comunicó a través del Ersep que a partir del 1 de abril no se cobra dentro de la factura los montos relacionados a los impuestos municipales que superen los consumos de energía eléctrica, es decir solamente les va a permitir cobrar lo que el municipio gaste en el alumbrado público y en sus reparticiones públicas; en definitiva desfinancia un servicio que es esencial para la seguridad y para la calidad de vida de los vecinos”, agrega Romero.

Romero aseguró que la falta de ingresos provenientes de la coparticipación sumado a la quita de tasas en los servicios públicos, dejaría asfixiado al municipio en lo que se refiere concretamente a los dos ingresos constantes que la administración de Mestre tiene y que conforman el flujo de dinero mensual fijo con el que cuenta para afrontar todos los gastos, por lo que se prevé reclamos desde la administración Metrista en contra de la legalidad de la norma.

El proyecto de ley enviado por el gobernador establece para los procedimientos de prevención y solución de conflictos, se instruirá al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP) como autoridad de aplicación, con facultades para dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento de lo propiciado.

La iniciativa contempla además un régimen sancionatorio ante la verificación del incumplimiento establecido en la ley estipulando penas como: Apercibimiento; Multas equivalentes de diez a diez mil veces el monto facturado indebidamente; La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozare el incumplidor.

De acuerdo al texto del proyecto, las sanciones serán aplicadas en los términos que se fijen en la reglamentación de la norma previo a la realización de un sumario por parte del ERSEP. En tanto, la graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las conductas tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado, conforme lo determine la reglamentación.

En el mensaje de elevación del proyecto a la Unicameral, el gobernador sostiene que la iniciativa tiene por finalidad garantizar los derechos de los usuarios y consumidores a fin de evitar distorsiones de información y en el monto a abonar producidas por conceptos ajenos a la prestación del servicio.

"Por ello, los servicios deben ser facturados de manera independiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o asociado a su estricta provisión. En síntesis se propicia con este proyecto de ley garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa, relativa al consumo de los servicios públicos esenciales y evitar distorsiones en la información y el monto a abonar sin perjuicio de que está garantizado el reconocimiento de las autonomías y potestades tributarias de municipios y comunas siempre que no tiendan a distorsionar lo referido al derecho del usuario de pagar y cancelar sus consumos de servicios públicos domiciliarios esenciales", argumentó el gobernador en los considerandos del proyecto.

Cambiemos analizó los alcances en la Unicameral

El interbloque que contiene a la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico (FC) y la Propuesta Republicana (PRO) analizaron durante largas horas de la tarde en la presidencia de bloque de la UCR los alcances de la ley impulsada por el gobierno provincial.

Explicando la letra y los alcances de la iniciativa estuvo Facundo Cortés Olmedo, representante de la Unión Cívica Radical como primera minoría en el ERSEP. Allí expresó que la ley deja librado al ente la futura reglamentación de la norma en la que se prohibirá el cobro de las tasas municipales, como lo hizo en abril, solo que ahora el gobierno intenta que tenga un sustento legal.