Después de un debate tórrido en el que la oposición advirtió la posibilidad de que el gobierno de la provincia pudiera estar dando los pasos para privatizar la Empresa de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y de dos suspensiones de la visita a la Unicameral del Ministro Fabián López para explicar esta situación, el interbloque de Cambiemos presentó hoy formalmente el pedido de una realización especial para el próximo 9 de mayo con la finalidad de discutir la situación.

El proyecto lleva las catorce firmas necesarias para darle tratamiento legislativo al pedido de los parlamentarios de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico (FC) y la Propuesta Republicana (PRO). La iniciativa tomará estado parlamentario durante la sesión ordinaria que se desarrollará hoy por la tarde.

Además realizó un pedido de interpelación para que López concurra a la Unicameral en un plazo de siete días "en virtud de las reiteradas inasistencias a dar explicaciones sobre los pedidos de informes y citaciones respecto a la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica.

El ministro de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, Fabián López suspendió por segunda vez la concurrencia a las comisiones de la Legislatura  “por cuestiones de agenda”. La visita anunciada por el legislador Carlos Presas durante el debate por la situación de la EPEC era para brindar respuestas a los pedidos de informes del arco opositor referidos a la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec), en momentos en que el gobierno de Juan Schiaretti decidió, a través del directorio de la empresa estatal, denunciar el Convenio Colectivo en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Omar Sereno, para realizar un ajuste de $1100 millones de pesos.

La semana pasada desde el bloque de Unión por Córdoba (UPC) justificaron la suspensión de la visita de López debido a que no estaban dadas las condiciones para que presentara su informe debido a la falta de una serie de definiciones: el resultado de la reunión de los gremios de Luz y Fuerza en el Ministerio de Trabajo, el resultado de la reunión de López con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, durante el encuentro del Consejo Federal de Energía, y los anuncios sobre el fondo de 500 millones de pesos para red domiciliaria del gas.

Concretamente, el gobierno busca ajustar el costo que le ocasionan a la Provincia cuatro puntos del Convenio Colectivo de Trabajo: la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical, que entre todos requieren un gasto de 660 millones de pesos.

Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems. Para justificar el recorte, voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra  alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa, mientras que desde la oposición denuncian que esta cifra equivale a la cuota mensual que el gobierno de Córdoba destina por la obra de la Central de Pilar del Bicentenario, que tuvo un costo de 565 millones de dólares.

Hace quince días la Unicameral debatió la situación de la Epec, donde los legisladores opositores advirtieron la posibilidad de que el gobierno de Unión por Córdoba avance -como en 2001- hacia la privatización de la cuarta empresa de energía del país.

Una semana mas tarde, el oficialismo, junto con el interbloque de Cambiemos, sancionó la ley que establece la realización de concursos públicos abiertos para el ingreso a todas las dependencias del gobierno, incluida la Epec, donde actualmente los ingresos se realizan a través de una bolsa de trabajo controlada por los propios empleados.

La ley es consecuencia del denominado Consenso Fiscal que Schiaretti firmó junto a todos los gobernadores del país (a excepción de San Luis) en noviembre del año pasado por el cual se comprometieron entre otras cosas, en su primer punto, a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno lo que ya sucedió a través de la sanción de la ley 10.538.

Por esta legislación, la Provincia se encuentra obligada, entre otras cosas, a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec para cada jurisdicción, situación que será evaluada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

La Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico (FC) y la Propuesta Republicana (PRO) ya habían citado a la Unicameral, a fines del año pasado a  Fabián López; al secretario de Desarrollo Energético, Edgar Castelló y al presidente de la Empresa Provincial de Energía, Luis Giovine, para que brindaran explicaciones acerca de la situación contable-financiera de Epec, cuadros tarifarios, composición de la facturación del servicio de energía, balances de la empresa y en general toda cuestión vinculada a la política energética de la Provincia.

Previendo una escalada en el conflicto con el gremio más combativo de la Provincia, el gobernador Schiaretti decidió reglamentar la ley 10.461, sancionada el 14 de junio del año pasado, en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Unicameral, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.

Una semana después, el Poder Legislativo designó, a propuesta de Schiaretti, los integrantes de  la Comisión Técnica de Garantías, establecida por la mencionada norma que garantiza la prestación de los servicios esenciales, entre ellos, el de energía eléctrica.

Sus titulares serán Pedro Enrique Ducanto, el Ing. Jorge José Galarraga, el Dr. Rubén Hugo Bengió, el Ab. Guillermo Ernesto Maisuluis y el Dr. Olivio Rubén Costamagna quien para el Poder Ejecutivo cumplimentaron acabadamente tanto los requisitos legales como de idoneidad y capacidad para el ejercicio de estas funciones.

Durante un duro debate, Ezequiel Peressini del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y Martín Fresneda, presidente de bloque de Córdoba Podemos, denunciaron que Guillermo Ernesto Maisuluis, uno de los miembros que integrará esta Comisión, fue asesor del Ministerio de Trabajo e interventor de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) durante la última dictadura militar “con el único objetivo de hundir el derecho a huelga de los trabajadores”.

Esta ley prevé la intervención de la comisión técnica para calificar las actividades de dichos servicios cuando se plantee un conflicto laboral que los afecte para contar con la prestación garantizada de servicios mínimos, sus modalidades de ejecución, planteles destinados a tales efectos y asesoramiento de la autoridad de aplicación.