El Ministro de Defensa de la Nación, comunicó en el día de ayer, que las indemnizaciones por daños y perjuicios a las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de Rio Tercero en 1995 previstas en la ley 27179, sancionada en 2015, serán abonadas una vez que el presidente Mauricio Macri firme el decreto de reglamentación a más de siete días de que se hiciera público el decreto que el gobierno presentó ante la Justicia Federal de Río Cuarto que dejaba sin esa posibilidad a todos los damnificados.

Ayer, Aguad se reunió en Buenos Aires con el legislador provincial Adolfo Somoza del Frente Cívico para avanzar en una solución y le manifestó que el documento oficial presentado ante la justicia nacional “solo fue un borrador y que fue utilizado maliciosamente y con clara intencionalidad política por diversos actores”.

Pero no se trata de un borrador que se filtró del despacho de ningún funcionario, es el texto de la reglamentación que el gobierno de Mauricio Macri presentó ante la Justicia Federal como respuesta a la intimación que el juez federal Carlos Ochoa le realizó al gobierno ante la mora en la reglamentación de la ley.

Se trata en realidad de una pobre justificación acerca de la redacción de un decreto cuya finalidad era dejar sin indemnizaciones a los damnificados. Atrapados en el escándalo público que esto significó cuando La Nueva Mañana publicó esa documentación, ahora, dan marcha atrás con acusaciones políticas sin asidero alguno para evitar asumir su responsabilidad que, como funcionarios nacionales tienen, al haber intentado reglamentar una ley violando todos sus enunciados.

El ministerio presentó el decreto reglamentario con una redacción que dejaba afuera del pago a los 10119 damnificados creando una nueva definición de “causa vigente” definiéndola como “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de la instancia dentro de los 6 meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha en la que el Congreso de la Nación sancionó la ley de reparación.

En el año 2007 las víctimas representadas por el Dr. Mario Ponce firmaron un acuerdo con el Gobierno nacional para suspender todos los juicios como compromiso para que el Estado pudiera resolver la situación a través de la sanción de una ley reparatoria e indemnizatoria que de por finalizado el pleito judicial.

De esta forma y con esta artimaña ninguna de las víctimas hubiera estado en condiciones de cobrar absolutamente nada después de que hace más de once años el estado nacional reconoció el derecho de los riotercerenses al tratarse de un hecho aberrante organizado y perpetrado por el propio estado nacional.

Inexplicablemente ahora desde el Ministerio de Defensa se asegura que ese “borrador” no tiene nada que ver con el espíritu del gobierno y arroja críticas desopilantes en contra del gobernador Juan Schiaretti al que endilga haber sido funcionario del gobierno nacional cuando sucedieron las explosiones en la ciudad de Rio Tercero.

Además Aguad dijo que “si no lo conociera al gobernador pensaría que está menos preocupado por los damnificados que por los honorarios de los abogados patrocinantes”. Inexplicable declaraciones del Ministro de Defensa en contra del gobernador de Córdoba que solo reclamó lo que es justo para las víctimas cordobesas.

Si el decreto reglamentario presentado en la justicia federal era solo un borrador, el proyecto era que el gobierno no le pagara las indemnizaciones a ninguna de las víctimas elaborando un texto tan disparatado como las explicaciones que a más de una semana intentan esgrimir desde el gobierno nacional.