Buscando inversiones, Córdoba propone su propio “Régimen de Incentivo”
El Gobierno de la Provincia de Córdoba busca morigerar las consecuencias de la falta de políticas productivas de la Nación y envió a la Legislatura un proyecto para impulsar la inversión industrial y el empleo.
El Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo apunta a la radicación de industrias en Córdoba y, también, a las que ya están. Promueve la inversión en bienes de capital, incorporación de innovación y radicación en parques industriales. Quienes cumplan con los requerimientos de inversión detallados en la ley podrán acceder a exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario durante 10 años.
"Esperamos sumar unas mil empresas más al régimen simplificado"
El ministro de Producción, Fernando Sibilla, explicó a La Nueva Mañana que además se prevé elevar el tope de ingreso anual para que las empresas puedan inscribirse al régimen simplificado (de $3.200 millones a $4.500 millones).
“Actualmente tenemos 2.100 empresas acogidas al régimen simplificado y esperamos sumar unas mil empresas más”. Para hacerlo, las Pymes deben demostrar una reinversión anual en activos fijos equivalente al 1,2% de la base imponible, como mínimo.
Asimismo, el ministro destacó que por la promoción vigente de la ley de parques industriales, que se complementa con los beneficios del proyecto de Ley de Promoción Industrial en debate, esperan llevar de 1.500 empresas -que son las que actualmente están distribuidas en 75 parques- a 2.100 fábricas.
Según las estimaciones del proyecto, “tenemos una expectativa de aumentar un 10% el empleo industrial formal privado. Esto dependerá de los proyectos presentados”. Sibilla enfatizó que el sector agroindustrial tiene una “enorme oportunidad” con esta iniciativa.
La recesión obligó al oficialismo a reconfigurar su estrategia fiscal
Con esta ley el Gobierno busca retomar la iniciativa en temas sensibles de la agenda económica, en un escenario distinto al que preveía hace un año atrás. Por entonces, desde El Panal esperaban mayor robustez económica para el 2026 y habían propuesto un plan de reducción impositiva atado a la dinámica de la actividad.
El plan original buscaba una baja de la carga tributaria equivalente a u$s600 millones, por descenso en Ingresos Brutos, promociones industriales y alivio para pequeños contribuyentes y sectores estratégicos. Es decir, promovía una inyección de recursos indirecta para dinamizar la economía cordobesa. Pero, para no generar un desbalance en las cuentas de la Provincia, el plan estaba supeditado al cumplimiento de la meta de crecimiento del PBI fijada por Nación.
A fines del año pasado, las proyecciones nacionales estimaban un crecimiento de entre 6% y 8% -según pronosticaba el ministro Caputo en AmCham -. En efecto, tal expansión de la economía redundaba en una mayor recaudación de las arcas provinciales, calculaban en El Panal. Por tanto, ese plus de recursos fiscales permitiría compensar la reducción de la presión impositiva a la actividad productiva y al comercio.
Finalmente, la dinámica de la economía resultó muy alejada de las estimaciones oficiales frustrando el ambicioso plan de reducción impositiva provincial. Lejos de las estimaciones nacionales, la economía actualmente se mueve a un ritmo de 2% y se estima que el PBI cierre el año en torno a estos valores de crecimiento. Con una aclaración: el nivel de actividad se monta sobre hidrocarburos, minería y agro que acumulan buena performance, mientras que el resto de los sectores oscilan entre amesetamiento y recesión.
En este escenario, la iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, busca motorizar un sector como el manufacturero que representa el 14% del PBI provincial, siendo el tercero en orden de importancia. Un sector dañado por la misma política económica del gobierno libertario.
El Panal busca blindar la ley antes de que prenda el clima electoral
El proyecto se encuentra en estado embrionario, aún no tomó estado parlamentario, por lo tanto, no fue tratado en comisión.
Desde El Panal apuestan a aprobarlo antes de fin de año para tenerlo operativo en el 2027. Si bien hay optimismo dentro de las filas oficiales para la pronta aprobación, con 32 bancas sobre 70, el llaryorismo está obligado a acordar con la oposición.
Sin embargo, están quienes no descartan que, atravesados por el clima electoral, sectores de la oposición podrían adoptar una postura más confrontativa que busque dejar al Gobierno sin este instrumento.