Tras descalificar a la ONU, Milei dispuso arbitrar ante el organismo y emplazar al Reino Unido
El Gobierno nacional anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Lo hizo ante el avance de la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", sostuvo el presidente Javier Milei en su cuenta de X.
Sin embargo, días atrás, el 23 de septimbre, el mandatario descalificó con fiereza a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su intervención en la Asamblea General. Milei afirmó que el organismo se convirtió en una estructura que ya no cumple sus funciones originales. Y calificó a esa infaestructura de de "parásitos fatalmente arrogantes. Ahora recurre a la ONU y poco se entienden tantos virajes.
El comunicado oficial
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada amplió que el jefe de Estado Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de dicha Convención.
El objetivo central de la medida es impedir la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado "Sea Lion", así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
En el texto oficial, la administración libertaria fundamentó su reclamo al recordar que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de manera expresa la adopción de decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos.
En ese marco, el documento califica la explotación unilateral como una violación al derecho internacional que genera un "perjuicio irreversible e irreparable" a los derechos soberanos del país.
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