Discapacidad: el proyecto “superador” del gobierno de Milei genera desconfianza en el sector

Tras el dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto de ley de “Fortalecimiento de la Sostenibilidad y Eficiencia Permanente en el Sistema de Discapacidad”, que el oficialismo presentó en Diputados como "superador" de la dramática situación de emergencia que atraviesa el sector, La Nueva Mañana recogió el análisis de la presidenta de la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis), Carolina Armeloni; el titular del Colectivo de Transportistas 3 de Diciembre, Leandro Ator; la abogada Marta Lastra y Maximiliano Mignacca, integrante de la Mesa de Trabajo en Derechos Humanos y Discapacidad.

En los cuatro hay una lectura coincidente acerca del innegable valor de la lucha sostenida y en unidad de las organizaciones del sector, que representan a las personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas e instituciones. También analizan que esta propuesta “superadora” del Gobierno expone una fragilidad frente al sostenido reclamo y despierta desconfianzas al haberse gestado “de la noche a la mañana” y sin incorporar en la redacción a los agentes del sector.

Asimismo, subrayan en que si bien la propuesta del Gobierno recoge muchos de los reclamos que hace tres años sostienen las organizaciones, hay algunos puntos del texto que están sospechosamente difusos.

Asimismo, afirman que lo ideal es prorrogar la Ley de Emergencia o al menos garantizar que se resuelvan los amparos presentados para su estricto cumplimiento y que el Gobierno cumpla con el pago de las compensaciones por los desfasajes que se vienen acumulando desde diciembre de 2023.

Incumplimientos y desconfianza

“Las leyes permanentes son la esencia de la democracia, porque se dan en un debate público, con propuestas y escuchas a los verdaderos protagonistas. Aquí, esta 'propuesta superadora', como se empeñan en llamarle, fue escrita entre gallos y medianoche, a una semana de que el mismo Presupuesto que presentó el oficialismo atacara directamente todos y cada uno de los aspectos de la Ley de Emergencia”, enfatizó Marta Lastra.

En consonancia, Leandro Ator expresó: “Nos suena muy contradictorio y tenemos muy poca confianza en este proyecto superador que presenta el Gobierno, porque es este mismo Ejecutivo el que nos ha hundido en una crisis sin precedentes”.

Respecto al “volantazo” del Gobierno en el tema discapacidad, Carolina Armeloni analizó que “debe leerse, ante todo, como el resultado de la presión sostenida del colectivo de discapacidad y de una relación de fuerzas que obligó al Poder Ejecutivo a retroceder”.

Destacó Armeloni que “el dictamen de mayoría representa una mejora respecto de aquella propuesta presupuestaria, ya que mantiene un nomenclador con valores universales, conserva la actualización vinculada al IPC (índice de precios al consumidor -inflación-), sostiene la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado o el monotributo hasta el límite de dos salarios mínimos y preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes”.

Sin embargo, advirtió que el nuevo proyecto no reproduce íntegramente la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad: “Hay aspectos importantes que quedan sujetos a reglamentación, especialmente los requisitos para acceder y mantener las pensiones. La cobertura sanitaria aparece redactada de manera menos clara que en la ley vigente. El financiamiento no tiene todavía una asignación concreta y dependerá, en buena medida, de cómo se modifique y apruebe finalmente el Presupuesto 2027. Tampoco se establecen fechas precisas para cancelar las compensaciones adeudadas: se obliga al Gobierno a publicar un cronograma si continúan pendientes, pero ese cronograma todavía no existe”.

Finalmente, también expuso su preocupación respecto de que “una transformación tan profunda del sistema se haya elaborado en pocos días, mediante negociaciones entre bloques políticos y sin un proceso previo, amplio y verificable de consulta con las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los prestadores”.

En esa línea, Leandro Ator exhibió su inquietud respecto a los amparos presentados a la Justicia por el incumplimiento de la Emergencia en Discapacidad, que podrían caer sin la prórroga de la Ley, y respecto a la iniciativa “superadora”, reflexionó que una ley que modifique “un sistema que costó 30 años armar no se puede decidirse de manera unilateral, presentando un proyecto hecho de la noche a la mañana”.

“No se pagaron las compensaciones a los prestadores, este año no se dio ningún alta a las pensiones no contributivas y no se autorizan prestaciones nuevas. Incluso hemos iniciado un amparo colectivo para que se paguen las prestaciones”, resumió Marta Lastra respecto al flagelo que viene atravesando el sector, consecuencia del incumplimiento de la Ley de Emergencia por parte del Gobierno.

Un colectivo de pie

Lastra vinculó también este giro inesperado del Gobierno a una especulación respecto de la llegada del papa León XIV a la Argentina en noviembre, que incluye en su itinerario una visita al Cottolengo Don Orione: “Es lamentable, triste, vergonzoso. La vergüenza pudo más que muchas cosas, porque se dio cuenta el oficialismo de que con la discapacidad no iba a poder”.

“Una semana después de que el presidente de la comisión no dejó que ninguna persona con discapacidad pudiera hablar, hoy nos encontramos con que de golpe la discapacidad les interesa”, concluyó con incredulidad.

“Desde que Milei llegó al poder, el colectivo de discapacidad no ha dejado de sufrir sistemáticos ataques en todos los órdenes; desde lo humano hasta lo económico”, analizó Maximiliano Mignacca y expuso un panorama angustiante: “El colectivo no se puede relajar nunca porque tiene que defenderse de un Gobierno que debería proteger los derechos. Es muy triste y también muy agotador”.

Asimismo, alertó que la complejidad del debate legislativo “profundiza la brecha en cuanto al conocimiento de la situación”.

Empero, subrayó enfático que “si se lograra una mejora, tiene que ver con el esfuerzo que sigue haciendo todos los días el colectivo, incansablemente, para cambiar esta situación generada" por la administración libertaria.

“La movilización, la visibilización y la presión política tuvieron efectos concretos”, celebró Armeloni, pese a que se impuso el dictamen de mayoría del Gobierno. Y se explayó: “Si el sector no hubiera reclamado, si las organizaciones no hubieran advertido lo que significaban los artículos del Presupuesto y si no hubiera existido la posibilidad real de que los aliados votaran con la oposición, probablemente este retroceso oficialista no habría ocurrido. Pero el alivio no debe hacernos abandonar la cautela”.

A partir de lo ocurrido este miércoles, planteó Ator que el sector redoblará los esfuerzos “para que se prorrogue la Ley de Emergencia, para que no se caigan los amparos y no se pierdan las compensaciones que se están reclamando”.

Y concluyó: “No estamos en contra de ningún proyecto que quiera ser superador, pero primero necesitamos que se cumpla y se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad y después que se convoque a todos los sectores, sobre todo a las personas con discapacidad; a partir de ahí nadie se opondrá a cambios superadores”.

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