Requieren la elevación a juicio de la segunda causa por el secuestro y muerte de Santiago Aguilera

Por el crimen están imputadas ocho hombres, señalados como presuntos coautores del secuestro extorsivo seguido de muerte del joven de Traslasierra en agosto de 2022.
Cabe recordar que por este mismo hecho en un primer juicio se condenó a prisión perpetua a Walter Gil y también a cuatro años de cárcel a Julio César Ramírez, que meses atrás fue liberado, por un error procesal. Foto: Télam

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian solicitó la elevación a juicio contra los ocho imputados en la segunda causa vinculada al secuestro extorsivo seguido de muerte de Santiago Aguilera, perpetrado en agosto de 2022 en Traslasierra.

Como coautores del hecho se encuentran imputados Lucas Ramón Flores, Matías Nahuel Castro, Reinaldo Rubén Rejas, Carlos Eduardo Hualpa, Pedro Ezequiel González, Jorge Alejandro Altamirano, Lucas Emanuel Rejas y Marcos Antonio Maldonado.

A partir de lo revelado por fuentes de la investigación, ElDoce explica que la elevación todavía no se encuentra firme; ya que Hairabedian corrió vista a la querella, que cuenta con un plazo de seis días para formular su acusación, mientras que la defensa puede interponer recursos antes de que la citación al debate quede definida.

Flores, Castro, Rejas y Hualpa tienen confirmadas sus prisiones preventivas desde julio de 2026, tras una resolución de la Cámara Federal de Córdoba, detalla el citado medio, mientras que los otros cuatro acusados también permanecen detenidos.

Cabe recordar que Santiago Aguilera fue secuestrado y se le dio muerte entre el 16 y 17 de agosto de 2022 en el paraje Chuchiras, cerca de Las Tapias; mientras que su cuerpo sin vida fue hallado recién el 21 en la zona de Boca del Río, en Villa Dolores.

En un primer juicio, que terminó en 2025, fueron condenados Walter Gil, a prisión perpetua por ser el principal autor material del hecho; y Julio César Ramírez, a cuatro años de cárcel por encubrimiento agravado. Este último, sin embargo, recuperó la libertad luego de que se comprobara que una prueba considerada clave había sido producida por un empleado de la fiscalía que tenía a su cargo Enrique Senestrari, desde la dirección de IP que utilizaba Ramírez.

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