Delia, ocho años desaparecida: "Voy a pedir justicia por mi hija hasta el último día"
Este viernes, se cumplen ocho años desde el día en que la familia de Delia Gerónimo Polijo la vio por última vez. Fue el 18 de septiembre de 2018, tenía 14 años y se retiró un rato antes de la escuela de La Paz, localidad cercana a Villa Dolores, autorizada por la institución, junto al resto de sus compañeras y compañeros. Camino a su casa, desapareció.
Los años pasaron y la Justicia aún no pudo establecer qué le pasó a la niña que actualmente tiene o tendría 22 años. La causa pasó por tres fiscales y en 2025 llegó a la oficina del fiscal José Agustín Tolosa. La nueva designación generó expectativas en la familia de la chica, que espera ser recibida por el responsable de la instrucción para leer el expediente y avanzar hacia la verdad.
"Yo voy a pedir justicia por mi hija hasta el último día de mi vida" dijo Modesta Polijo Rodríguez, la mamá de Delia, en vísperas de otro aniversario en el cual el dolor de la ausencia se profundiza.
Como cada año, la familia Gerónimo Polijo y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle de Traslasierra invitaron a la comunidad a concentrar frente a Tribunales para reclamar respuestas. La protesta será este viernes, a las 11.
Un largo silencio
La causa estuvo primero en manos del fiscal Raúl Castro, luego pasó a Lucrecia Zambrana. Años después, se le asignó el caso a Eugenia Ferreyra. En 2025, José Agustín Tolosa comenzó a hacerse cargo de la instrucción.
Para Germán Romero Marcón, el abogado de la familia Gerónimo Polijo, hasta ahora, no hubo avances significativos. No hay ningún imputado ni una hipótesis que establezca qué pasó y dónde está.
"El nuevo fiscal comenzó a mover el expediente. Empezó a tomar medidas y me manifestó que quiere trabajar en forma conjunta con la querella", explicó el letrado a La Nueva Mañana.
Romero Marcón comentó que en las últimas semanas Tolosa pidió incorporar elementos claves a la investigación, que fueron incautados hace más de seis años. Como muestras de ADN y trapos hallados en la vivienda donde supuestamente estuvo Delia.
"Solicitó lo que tendría que estar en la instrucción desde el primer día y que vengo reclamando desde que formo parte de la querella", expresó el letrado, exponiendo las irregularidades que rodean al caso.
Ochos años de ausencia
El 18 de septiembre de 2018 Delia salió de la escuela un poco antes de su horario y, por esa razón, su mamá no llegó a buscarla. La adolescente comenzó a caminar para su casa, un trayecto de cinco kilómetros por una zona rural. El último registro es que pasó por una estación de servicio donde fue filmada por las cámaras de seguridad.
La desaparición de Delia causó preocupación en las localidades del departamento San Javier, que se caracterizan por tener pocos habitantes y conocerse entre si. Tras presentar la denuncia en la comisaria local, la familia, junto a la comunidad educativa y organismos de derechos humanos, organizó marchas y cortes de ruta para encontrarla.
Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Los meses en años. Las novedades acerca de su paradero nunca llegaron.
Una desaparición en horario escolar
Además de la causa penal, la Justicia debe expedirse sobre la responsabilidad del Estado provincial, ya que la niña estaba en horario escolar cuando le ocurrió algo-que aún se desconoce- que le impidió volver a su hogar. Se trata de una demanda civil, que avanza de forma paralela.
La madre y el padre de Delia, Mario Gerónimo Jara y Modesta Polijo Rodríguez, sostienen que la institución educativa no les aviso que los estudiantes se retirarían a esa hora y eso provocó que no se presentaran.
En ese marco, decidieron demandar al Gobierno de Córdoba, argumentando que el IPEM 137 permitió que la chica se retirara sola del establecimiento, dejándola desprotegida.
En una instancia anterior, el Procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba, Mariano Armando Andruet, rechazó de lleno la demanda. Argumentando que el hecho ocurrió "fuera de del ámbito de control del colegio".
El juez Facundo Daniel Gil, a cargo de la Cámara Civil de Villa Dolores, debe decidir si hace lugar y aprueba un resarcimiento económico.