La fiscal descartó pruebas y pidió una pena mínima para González: solo tres años y 10 meses
A más de un mes del inicio del juicio contra el exlegislador provincial Oscar González y luego de 10 audiencias, comenzó la etapa de alegatos. La fiscal Analía Gallarato abrió la ronda de argumentos, afirmó que, basándose en las pruebas, el impacto ocurrió en el carril de Alejandra Bengoa y solicitó la pena de tres años y 10 meses de prisión. Además, 10 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo.
Durante su exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal defendió la acusación de homicidio culposo y lesiones agravadas culposas por conducción imprudente que pesa sobre el exfuncionario.
Reconoció que González tuvo un “exceso de confianza” que lo “hacían pensar que podría sortear cualquier complicación”. Para la fiscal, esto es prueba suficiente de que no “había intención de dañar”, aunque incumplió reglas viales sin tener en cuenta la vida de las demás personas. En el choque, perdió la vida Alejandra Bengoa, y quedaron gravemente heridas su hija Marina y su amiga Alexa Mirada.
“Este juicio comenzó con un pedido de nulidad que no nos sorprendió porque durante toda la causa recibimos constantes pedidos de este estilo, pero mantuvimos la investigación”, manifestó la fiscal Ananlía Gallaratto en la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores.
Acto seguido, aclaró que durante el proceso oral y público se valoraron pruebas que “no fueron novedosas” porque, según la funcionaria judicial, ya se habrían analizado en la construcción de la causa. Con estas palabras, la fiscal justificó la acusación contra González, que fue duramente rechazada por los abogados de las familias perjudicadas.
La mecánica del choque
Analía Gallaratto afirmó que los peritos oficiales y de parte, confirmaron que el choque fue de frente, en el carril de Bengoa, que circulaba en sentido Mina Clavero- Córdoba.
Aclarando que González realizó una maniobra hacia la izquierda e invadió el carril contrario, provocando el colapso. En ese marco, destacó que el exfuncionario “podría haber evitado el choque volviendo a su calzada” pero “no tenía control de su vehículo porque venía en un exceso de velocidad”. “Si bien en el momento disminuyó y estaba dentro de lo habilitado, hay múltiples testigos que lo vieron excediendo el límite”, añadió.
En ese sentido, aclaró que también quedó comprobado que el Sandero Rojo conducido por Bengoa superó un camión antes del accidente, pero regresó a su lugar en la ruta antes de encontrase con el BMW X1.
Las pruebas que la Fiscalía descartó
La fiscal que estuvo a cargo de la instrucción de la causa repasó frente al juez Santiago Camogli las declaraciones de las sobrevivientes del hecho, Marina y Alexa, otros conductores que transitaban ese día por la Ruta Provincial E-34 y bomberos que asistieron al choque.
En esa instancia, Gallaratto anunció que uno de los testimonios más fuertes que surgió durante el juicio no será incorporado. Se trata de las palabras del bombero Lucas Barrios Niveiros quien denunció en la sala de audiencias una demora en el traslado de Bengoa, la conductora que estaba gravemente herida y horas más tarde falleció.
El rescatista contó que estaba asistiendo a la mujer y solicitó en reiteradas ocasiones que “salga la ambulancia” porque “la paciente se estaba yendo”, pero el vehículo no se movía. Al consultar por qué no trasladaban a la mujer que corría riesgo de vida, el conductor del 107 le manifestó que “la ambulancia estaba para otra persona”. La única persona que quedaba en el lugar era González. Finalmente, Alejandra entró en paro, fue trasladada y murió cuando llegó al Hospital de Mina Clavero.
La fiscal afirmó que “este testimonio es diferente al que dio el testigo por primera vez” poco después del accidente, y que no era creíble que hubiera olvidado decir “algo tan importante”. La misma resolución tomó sobre la declaración de un agente policial, quien afirmó que el exlegislador tenía otro teléfono en su poder, que nunca habría sido entregado a la Justicia. Para la fiscal, ese testimonio tampoco es válido.
Ambas declaraciones fueron trascendentales para la querella, entendiéndolos como aportes novedosos que mostraban las limitaciones de la investigación.
Gallaratto cerró el tema afirmando que “no hay pérdida de información”.
Luego, detalló que cuando los peritos analizaron el celular de González, se conocieron chats donde él destacaba que era un “conductor del rally” y podría “cruzar las Altas Cumbres aunque hubiera hielo” y para eso “pedía una autorización oficial”.
La misma suerte corrió otra presunta prueba, que se vincula a los bolsos transportados por González que fueron retirados aparentemente por familiares. En diferentes audiencias, agentes policiales advirtieron que les llamó la atención la cantidad de gente alrededor del vehículo, señalando la situación como inusual.
Sobre eso, Gallaratto dijo que es común y “la Policía secuestra los objetos de un auto cuando solo si se trata de personas fallecidas, que no puedan buscar sus bienes”.
Defensa de la acusación
Respecto a la acusación, la fiscal justificó que “toda acción social conlleva riesgos”, por lo tanto “manejar es arriesgado”. Asimismo, reconoció que “los conductores deben tener un plus de vigilancia”.
“No es el velocímetro de González lo que determina si el homicidio es doloso o culposo, es la confianza que tiene el autor en creer que no se va a producir ese resultado”, afirmó.
La fiscal consideró que el exlegislador “se subestimaba tanto que confiaba que podría sortear cualquier complicación en esa ruta” y también, que conducía “en ese vehículo de alta gama”, lo que le aseguraba “creer que un accidente no le podía pasar”.
En ese marco, pidió que el juez tenga en cuenta algunos atenuantes: “González no tiene antecedentes computables” y “siempre se presentó a todas las instancias penales”, desarrolló, pese a que al principio de su alegato consideró que sistemáticamente intentó evitar el juicio. Además, más adelante admitió que tampoco se sometió a las entrevistas psicológicas.
Sobre posibles agravantes, la fiscal dijo que debían vislumbrarse las numerosas multas de la Policía Caminera, todas por exceso de velocidad y sobrepaso prohibido. Y también que debía tener un “plus de vigilancia” y de “cuidado” por usar un auto oficial.
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