Fábrica Porta: la denuncia por contaminación llegó a la CIDH y desnudó la desidia del Estado

Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evitó expedirse sobre el fondo mediante la aplicación del artículo 280 (certiorari), las organizaciones de la sociedad civil y los afectados formalizaron en 2023 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al no haber recibido respuesta ni descargos por parte del Estado argentino en los plazos legales, la CIDH decidió dar un paso crucial: le otorgó número de caso al expediente y abrió la etapa para pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión, indica el informe del periodista especializado en temas ambientales Daniel Díaz Romero, publicado en La Tinta.

La abogada de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Amanda Lavayén, se refirió al “encubrimiento estatal” y aseguró que “vulnera los derechos humanos de los vecinos”.

“Entre el 1% y el 4% de las denuncias que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logran pasar los filtros formales para convertirse en caso. Es un movimiento muy importante que pone al Estado provincial y nacional bajo la lupa internacional por violar el derecho a la vida digna, a la salud y a un ambiente sano”, completó Lavayén.

El caso Porta expone la fragilidad de las instituciones locales cuando deben dirimir conflictos donde colisionan los intereses de grandes grupos económicos con los derechos fundamentales de comunidades vulneradas. Mientras la causa avanza en el fuero internacional y se abren cuatro meses para aportar nuevas pruebas científicas ante la CIDH, la planta continúa operando diariamente a metros de las viviendas familiares, indica la nota publicada en La Tinta.

La abogada de Fundeps, en diálogo con La Nueva Mañana, se mostró satisfecha por este avance, confiada que esta intervención internacional en el caso lleve a la Secretaría General de Ambiente de la Provincia a promover por fin la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) y la eventual relocalización de la planta Porta, algo que no fue atendido pese a cinco sentencias de la Justicia Federal.

“Que la CIDH haya tomada cartas en el asunto lo vemos como una gran oportunidad, a los fines de la intervención de las instancias locales. Tuvimos que llegar a esto, porque dentro del ámbito local y nacional, no se ha logrado nada, no se hizo la Evaluación de Impacto Ambiental menos avanzar en la relocalización de la fábrica”, sostuvo Lavayén.

“Las autoridades de Ambiente de Córdoba sostienen que no le corresponde a Porta hacer la EIA, por más de que ya hay cinco sentencias que dicen de que sí, que tienen que hacerla. Entonces nos encontramos un tanto entrampados. De ahí que apelamos a la CDH, a ver si de esa forma, al tener el caso trascendencia internacional, logramos que por fin se avance en el estudio de impacto ambiental”, consignó la abogada de Fundeps.

Una cuestión de salud pública

El dilema que plantea Porta Hermanos ya no admite eufemismos ni dilaciones administrativas. Cuando la tutela de la salud pública queda subordinada al resguardo corporativo, la inacción del Estado deja de ser mero ausentismo para transformarse en complicidad directa. 

Díaz Romero sostiene en la nota periodística: “Frente a los fallos ignorados y las sospechas de corrupción que opacan a los tribunales locales, la apertura de la causa en la CIDH expone una certeza incómoda: en la Córdoba del discurso ambiental, garantizar el derecho elemental a respirar sin enfermar se ha convertido en una batalla que requiere el amparo de la Justicia internacional, porque las autoridades ambientales de la provincia, una vez más, parecen defender al verdugo despreciando a las víctimas”.

Un largo derrotero

Con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la causa contra la destilería asentada en plena mancha urbana acaba de dar un vuelco institucional determinante: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le asignó número de caso a la petición presentada contra el Estado argentino, abriendo formalmente la etapa de investigación de fondo por violaciones a los derechos humanos.

La decisión del fuero internacional llega en un momento de fuerte convulsión local, luego de que salieran a la luz severas sospechas e imputaciones por presunta corrupción que salpican a los camaristas federales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, quienes sistemáticamente fallaban a favor de la empresa, sacando a relucir supuestos viajes al exterior en aviones privados ligados a la propia empresa.

Para comprender la escala del conflicto, es preciso revisar la transformación del establecimiento. Hacia finales de los años 90, en barrio San Antonio, funcionaba una destilería artesanal de pequeña escala dedicada a la elaboración de licores. La fractura social y ambiental ocurrió en 2012, cuando la empresa emprendió una expansión intensiva hacia los terrenos aledaños para volcarse a la elaboración industrial de bioetanol, un combustible de altísima inflamabilidad que alteró de forma drástica y definitiva el entorno urbano.

Fue entre los años 2012 y 2015 cuando comenzaron a manifestarse los problemas severos de salud en la población, tales como afecciones oculares, dérmicas y digestivas, lo que impulsó las primeras investigaciones sanitarias en el barrio.

Ante la falta de respuestas oficiales, en 2016, los vecinos interpusieron la primera acción judicial en el fuero federal demandando al Estado y señalando a Porta Hermanos como tercero interesado. Entre 2018 y 2023, se acumularon sentencias de primera y segunda instancia que exigían la Evaluación de Impacto Ambiental, mientras el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, se negaba sistemáticamente a exigirla y la Corte Suprema eludía expedirse sobre el fondo mediante un certiorari. Esto llevó a que, en 2023, Fundeps y las y los vecinos formalizaran la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: La Tinta

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