Raúl Montenegro: “Estamos en un estado de vulnerabilidad y en un contexto de cambio climático”

Este jueves se debate en el Senado el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una norma defendida con fuerza por el presidente Javier Milei, que originalmente planteó habilitar la "extranjerización de la tierra", eliminando el límite del 15% vigente. Ante la falta de votos suficientes y el riesgo de que se caiga la sesión, fue acotado al 25%. No es todo: el Gobierno el miércoles suprimió el capítulo sobre “tierras” para que no se aborte el tratamiento de otros puntos, aunque dejó claro que la intención es avanzar en el futuro sobre el controvertido tema que afecta directamente a la soberanía. 

Sin embargo, el proyecto adjudicado a Federico Sturzenegger, también aborda el régimen de expropiaciones, flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego y habilita los desalojos casi inmediatos para aquellos inquilinos endeudados. 

Pese a las modificaciones en el texto original del proyecto, en todo el país habrá movilizaciones en defensa de la tierra y la soberanía. “Argentina no se vende” es la consigna y en Córdoba la marcha fue citada a las 17 en Colón y General Paz, convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas. 

Raúl Montenegro es biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). En diálogo con La Nueva Mañana sostuvo que el proyecto cuenta con varias aristas, “todas interconectadas y que incrementan la vulnerabilidad de la Argentina, encima en un contexto de cambio climático global o con las consecuencias del fenómeno del Súper Niño”. 

La entrevista se hizo antes de la eliminación del capítulo “Tierras”; no obstante, se sabe que el oficialismo insistirá sobre el tema posteriormente. Montenegro, entonces, sostuvo que como venía el proyecto “permitirá una mayor adquisición de tierras por parte de extranjeros, facilitando la expulsión de comunidades indígenas, agravando una situación ya preocupante tras la derogación de la Ley 26.160”.

Esta norma, que fue derogada por Milei en 2024, declaró la emergencia territorial de las comunidades originarias y suspendió los desalojos.

Una ley hecha para actores locales y extranjeros de alto poder

Raúl Montenegro afirmó que el porcentaje de 15% vigente para la propiedad de tierras en manos de extranjeros ya era alto. “Debería haber una revisión de la ley para bajar ese porcentaje, no para liberarlo”. 

Y acotó: “Los proyectos del Gobierno tienen múltiples aristas con implicancias sobre otras leyes o que las deja sin efecto. Normas hechas específicamente para los actores de locales y extranjeros de altos ingresos, que deseen no solamente ingresar a ambientes nativos de alta biodiversidad, sino también en ambientes incluso que ya están intervenidos. Es una norma básicamente corporativa, libera los obstáculos que tienen algunos actores para sus emprendimientos”. 

Respecto a las condiciones ambientales del país, el biólogo es tajante: “Hay un problema que no es considerado, y es que este debate no se da en el marco de un país que está en buenas condiciones ambientales, sino en un país donde en la mayoría de las provincias se destruyeron los ambientes nativos de alta biodiversidad, las cuencas hídricas, donde se avanzó brutalmente sobre los territorios indígenas”.

Todo esto lleva a una conclusión: “Las situaciones ambientales, producto de esta ley, se van a agravar, porque si se aprueba el ingreso de capitales ciegos para producir lo que sea a cualquier precio en un país vulnerable, pasará a ser mucho más vulnerable que antes”.

Córdoba, con apenas 5% de monte nativo

En esta provincia, la titularidad extranjera de tierras es relativamente pequeña, pero Córdoba padece otras problemáticas: conserva apenas el 5% de ambiente nativo de alta biodiversidad en buenas condiciones. 

Raúl Montenegro amplió: “El proyecto de ley, de avanzar, habilitará explotaciones en el momento de máxima vulnerabilidad del país. Ese me parece que es el punto, además de que está acompañado de la desactivación de otras leyes que venían protegiendo ambientes, por ejemplo, el caso de la Ley de Glaciares, con lo cual estamos habilitando el ingreso de corporaciones mineras en zonas que tienen grandes depósitos de agua congelada, o el caso de la Ley de Bosques Nativos, que si bien sigue vigente, es otro de los objetivos a destruir por el gobierno de Milei, de hcho se eliminó el fideicomiso que la financiaba lo que es otra forma de desactivarla”.

Para Montenegro se trata de una suerte de “combo” de normas que se potencian mutuamente. “No solamente hay que considerar la extrema vulnerabilidad del país, sino también que el contexto es de cambio climático global”, subrayó.

En el caso de la provincia de Córdoba, el biólogo consideró que “la amenaza está dada por el desmanejo de estas cuestiones”.

“El tema de los incendios lleva a que tengamos lugares donde se reemplace el ambiente nativo por explotación, cuando ya de por sí el patrimonio que queda es muy pequeño. Y consideró muy importante, con el conjunto del país afectado, asumir que estamos ingresando a un súper fenómeno del Niño”.

Irresponsabilidad de la Nación, de los gobernadores

¿Hay programas o políticas públicas para enfrentar El Niño? “Tenemos un Presidente, con una ignorancia supina, que no solo descree del cambio climático global, sino que le preocupa lo más mínimo lo que pueda pasar con el efecto de un Súper Niño. Lo contrario a lo que sucede en Brasil, donde el gobierno de Lula está movilizando a las instituciones y a la propia sociedad civil para prepararse para los efectos del fenómeno”. 

Uno de los mayores cuestionamientos, por la cantidad de normas propuestas por el Gobierno nacional y aprobadas por el Congreso, es al rol que cumplieron las provincias, sus representantes. 

Y sobre este punto, Raúl Montenegro sostuvo que lo aterra “ver la irresponsabilidad con que se está manejando el país y la complicidad de las provincias, incluso Córdoba. Mientras le mantengan flujos de recursos provenientes de la Nación, se dan los votos para aprobar las leyes”.

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