Guillermo Folguera: “Se pretende acaparar tierras, desalojando o destruyendo el ambiente”

Bajo la consigna “Argentina no se vende”, este jueves hay una movilización federal y en Córdoba fue convocada a las 17 desde la esquina de Colón y General Paz.

Guillermo Folguera es biólogo, filósofo, investigador del Conicet, profesor de la UBA y activo participante del movimiento ambientalista. En diálogo con La Nueva Mañana, y con la salvedad de que se desconoce cuál será el texto definitivo del proyecto impulsado por el gobierno libertario y a debatirse este jueves en el Senado, consideró que en la norma “hay cinco grupos de cambio con un mismo espíritu, y que se pone en diálogo con tres modificaciones legales que ya se hicieron”.

El proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una norma defendida con fuerza por el presidente Javier Milei, buscó originalmente entre otras cuestiones habilitar la "extranjerizacion de la tierra", eliminando el límite que rige por ley del 15% sobre la titularidad de tierras por parte de personas de otra nacionalidad. Este porcentaje, ante la falta de votos suficientes y que se caiga la sesión, fue acotado a 25%. No es todo: el miércoles, y a contrarreloj, se suprimió ese capítulo del debate, aunque el Gobierno dejó claro que la intención es avanzar en el futuro sobre el controvertido tema que afecta directamente a la soberanía.

Pero la norma va más allá: pone múltiples trabas para cualquier proceso de expropiación o estatización de terrenos, acelera los tiempos para los desalojos y, como si fuera poco, elimina restricciones al cambio de uso del suelo en terrenos que sufrieron incendios con destrucción de bosque nativo.

El espíritu del proyecto

Entre los cambios de legislación hechos, Folguera se refiere al RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, “un llamado a los grandes capitales corporativos y financieros, que les dio un resultado magro a sus propias expectativas, y que inclusive terminaron firmando acuerdos que ya estaban establecidos, con lo cual básicamente se financió a las multinacionales”.

En segundo lugar “el vaciamiento de la Ley de Glaciares y después la suspensión de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas”. 

“Con esos tres cambios legislativos se entiende un poco el espíritu central del proyecto oficialista, que tiene que ver con quitar a las comunidades tanto urbanas como rurales sus territorios para dárselos a los sectores concentrados de la economía, tanto nacionales como extranjeros”.

Comunidades rurales afectadas, pero también urbanas

El investigador advierte que los cambios legales apuntan a limitar el rol del Estado como actor capaz de expropiar. “Se busca introducir trabas legales para que no pueda expropiar fábricas vaciadas o tierras declaradas ociosas. Entonces, se le da más poder a los sectores privados y se les transfiere los recursos del Estado. Hay un intento por modificar el Código Procesal, Civil y Comercial, y acelerar los procesos de desalojo también urbanos, con cuestiones que realmente impresiona, como es que con tres días sin pagar está habilitado el desalojo cuando hoy está entre 18 y 24 meses. Habrá qué texto queda en definitiva”.

Folguera apunta al intento por modificar la Ley 27453, que instauró el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares. “A partir de la posición contraria de la Iglesia, me parece que han retrocedido un poco”.

“Otro de los ejes importantes en términos ambientales, tiene que ver con la Ley de Manejo de Fuego, que hoy pide entre 30 y 60 años para cambiar el uso del suelo por incendios, algo especialmente sensible, y ni hablar en Córdoba, cuando además sabemos que prácticamente todos los incendios son intencionales, casi un premio para quien incendia para modificar el uso del suelo”. 

También se refiere a la modificación a la legislación sobre tierras rurales, que hoy pone algunas restricciones a la compra de privados, o bien porque están en zonas fronterizas, o porque tiene cuerpos de agua internos, o por límites a los extranjeros, “que ya hoy de por sí es altísimo, porque es un 15%”. 

“La mayor parte del país no está bajo el porcentaje del 15%, pero si se suprime ese límite, básicamente afectaría a los acuíferos, poniendo a disposición de los privados terrenos para negocios inmobiliarios, rurales, mineros”, añadió.

Concentración de la tierra, destrucción ambiental

“Lo que tenemos entonces es un cambio: o bien tierras que se pueden comprar y usar con fines extractivistas, tanto inmobiliarios como ambientales, o bien un cambio de uso a partir de los incendios. Entonces, en función de la de las proyecciones climatológicas que tenemos en los próximos años, donde los incendios realmente pintan muy mal, se está anticipando la destrucción también de humedales. Acaparar las tierras, desalojando o destruyendo el ambiente”.

Y en términos de la cada vez mayor concentración en la propiedad, Guillermo Folguera afirmó que “la velocidad con que en Argentina se dio en los últimos 50 años la concentración de propiedades es altísima, un equivalente a la provincia de Santa Fe extranjerizado”.

Finalmente, se refirió a lo que fue noticia por estos días y que acontece en Misiones (la provincia con mayor porcentaje de tierras en manos de extranjeros). La comunidad indígena de Puente Quemado II regresó a sus tierras ancestrales, las recuperaron en forma pacífica; venía lidiando con la empresa forestal chilena Arauco. “Pero el problema que tuvieron los últimos días fue con el empresario Alfredo Ruff, que tiene DNI argentino. Entonces se ve allí un elogio del oligarca local o del privado local, que no tiene que ser tal”. 

Y concluye: “Argentina hoy es un laboratorio del mundo, así como Chile fue el laboratorio para la implementación del neoliberalismo en la década del 70”.

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