Senado: LLA no llegó con los votos y aplazó el debate de la liberación de tierras para extranjeros
La Libertad Avanza (LLA) no llegó con los votos y postergó por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada. En plena sesión y con un quórum muy ajustado, el oficialismo advirtió que no contaba con las voluntades necesarias para liberar la compra de tierras por parte de extranjeros.
La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto la discusión que abrió una grieta entre libertarios y aliados, quienes se negaron a apoyar la reforma.
Desde el mediodía ya circulaban versiones que el debate no lograría el final esperado por el Gobierno, debido a la resistencia de algunos senadores en cuanto a los artículos que permiten a los empresarios extranjeros hacerse de tierras sin controles claros.
El texto propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. La iniciativa busca derogar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la titularidad extranjera de tierras con el objetivo de preservar la soberanía sobre recursos estratégicos.
La normativa vigente fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece topes para personas de una misma nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y otras zonas consideradas de interés estratégico.
En contraste, legisladores de la oposición y organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que la derogación de la ley podría profundizar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, además de comprometer el control sobre recursos naturales estratégicos como el agua, los bosques y las áreas fronterizas. También señalan que la normativa vigente constituye una herramienta para resguardar la soberanía territorial.
Qué cambios propone
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de desalojos exprés y la eliminación de restricciones impuestas por la Ley de Manejo de Fuego.
El proyecto propone derogar el artículo incorporado en 2020 en dicha normativa que impide modificar durante 30 años el uso de superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Es decir, de aprobarse la norma, las superficies de bosque nativo en donde se registraron incendios podrían ser adquiridas por empresas multinacionales, achicando los espacios de uso restringido.
Sobre el desalojo exprés, se aplicaría en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.
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