La Justicia autorizó el cierre del "Volver al Trabajo" y 900 mil personas quedan a la deriva

La Cámara de San Martín hizo lugar al planteo del Gobierno y habilitó el cierre del programa que aseguraba un ingreso de $78.000 para trabajadores de la economía popular. 
La UTEP advirtió que eliminar el programa "implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias". Foto: Bahía de Palma/ LNM

La Justicia dio un paso atrás y falló a favor del Gobierno en la disputa abierta en torno a la continuidad del programa "Volver al Trabajo", habilitando la baja del plan. La medida pone en riesgo los ingresos de 900.000 personas desde agosto. 

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Sala I Cámara de San Martín, con la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, habilitó al Ministerio de Capital Humano a dejar de pagar a las y los beneficiarios.

La sentencia revocó una medida cautelar que obligaba al Gobierno a seguir pagando las prestaciones y reemplazarlas por nuevo programa denominado "Formando Capital Humano".

La disposición avaló el planteamiento del ministerio en el sentido de que el plan tenía un "vencimiento de 24 meses" y permitió avanzar con los "vouchers de capacitación".

El "Volver al Trabajo" entregaba mensualmente $78.000 mensuales a cada beneficiario, una cifra que se encontraba congelada desde 2023 cuando asumió Javier Milei.

La UTEP advirtió que "eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa".

"Golpe criminal"

"La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables", afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social", añadió.

Fuente: NA

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