Causa Fiat: más de 200 damnificados de Córdoba esperan la definición de la Justicia

La camioneta Fiat Toro Freedom MT6, producida en Brasil, salió al mercado entre los años 2016 y 2018 y enseguida los usuarios que la adquirieron denunciaron fallas de fábrica que importaban limitaciones en su uso, pero fundamentalmente en la seguridad del vehículo.

Se calcula en 15.000 unidades el lote de utilitarios puestos a la venta en todo el país. Si bien en un primer momento la empresa mantuvo silencio, en 2018 lanzó una alerta (recall) sobre anomalías detectadas en el modelo y lo retiró del mercado. 

Cientos de damnificados iniciaron acciones en la Justicia de Córdoba. Con fallos favorables en primera instancia, hubo sentencias que hasta ordenaron a Fiat, como medida cautelar, entregar autos sustitutos a los demandantes mientras continuaba el proceso hasta abordar la cuestión de fondo.  

Los primeros juicios luego pasaron a una segunda instancia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló los fallos, con lo que la causa retornó a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº 7 de Córdoba, integrada por los jueces Julio Ceferino Sánchez Torres, Jorge Eduardo Arrambide y Florencia Belluschi.

Lo curioso y motivo de preocupación de los damnificados, es que los dos primeros fallos que emitió está Cámara fueron a favor de los usuarios y los dos segundos en contra y echando por la borda todas las pruebas y antecedentes.

De ahí que un grupo de más de 100 usuarios damnificados ahora llevaron el planteo al Tribunal de Ética Judicial, denunciando la conducta contradictoria de los magistrados. Las expectativas se centran en la recepción del planteo que, en opinión de los abogados que patrocinan a los sufridos compradores de la camioneta Toro, puede ser causal de un pedido de jury.

En este largo proceso flota la disparidad de las partes. Por un lado, una multinacional (Stellantis) y por el otro, usuarios que se ven perjudicados por vehículos con serias fallas de fábrica. No parece casual que Córdoba sea el lugar donde la demanda a la compañía no encuentra canales de resolución: en esta provincia opera una planta.

No se puede obviar el poder de “lobby” y las presiones que puede ejercer la empresa, a nivel político y judicial. De hecho, semanas atrás los máximos directivos de Stellantis se reunieron con el gobernador Martín Llaryora “para avanzar en un paquete de beneficios impositivos y créditos destinados a sostener la cadena de valor automotriz".

En primera persona

Gabriel Brailovsky es uno de los damnificados. En diálogo con La Nueva Mañana sostuvo que “en esta etapa de los acontecimientos se dieron nuevamente fallos y aquí se produce una dicotomía, los dos primeros que emitió la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº7 fueron a favor de los usuarios y los dos segundos en contra”.

Brailovsky amplía: “Me entregan la Toro en mayo del 2018. Se me asignó en octubre de 2017, pero pedí retirarla en enero para patentarla en 2018. Pero en el ínterin comenzó a trascender la problemática, por lo que dije en Motcor (la concesionaria) que no la retiraría. Mandé una carta documento, fui a Defensa del Consumidor. Este organismo no tiene poder resolutivo, desconozco si aplicó alguna multa a la empresa, y no tuve otra alternativa que retirarla, porque no podía esperar 80 meses a que me devolvieran la plata de las cuotas”. 

En este largo proceso judicial, los casos más antiguos llegaron al Tribunal Superior de Justicia. “Los fallos de primera instancia fueron muy favorables a nosotros incluso la primera vez que llegaron a la Cámara también fueron favorables, aunque reducían mucho los montos”. 

Las partes, Fiat (Stellantis) y los damnificados, apelaron al TSJ que, en lugar de tomar una decisión y fallar sobre la cuestión de fondo, se lo devuelve a la Cámara 7º y ahí sobrevienen los fallos contrarios a lo dispuesto anteriormente. 

Los fallos sobre “las fallas” 

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº7, en el primer fallo en la causa Manzano, se pronunciaron prácticamente en coincidencia con el tribunal de primera instancia. 

Reconoció que Fiat no cumplió el deber de informar sobre las fallas estructurales de la camioneta y todos los damnificados creyeron que ese criterio iba a primar, pero en el segundo fallo, la causa Batistella, si bien se pronuncia a favor de los usuarios, ya empiezan a hablar “de que Fiat no incumplió con el deber de información, que las camionetas no tienen defectos estructurales, sino que necesita funcionar bajo determinadas condiciones que la hacen incómoda para manejar”, añadió Gabriel Brailovsky.

En este increíble derrotero judicial, hubo un tercer y cuarto fallo. Los mismos jueces, exoneran a Fiat, derivan la responsabilidad sobre los usuarios y más, cargan las costas a los damnificados. 

“Ante esto, decidimos elevar una denuncia al Tribunal de Ética Judicial que sabemos está debatiendo la cuestión, pero en el medio apareció un quinto fallo de la Cámara volviendo para atrás la cosa, retomando el criterio del segundo fallo”, agregó Brailonsky. 

En concreto: se responsabiliza a Fiat “pero no tanto”, porque no se termina de tomar el argumento central de los usuarios, cual es la falta de información por parte de la empresa y la contundencia de las pericias técnicas respecto a “fallas estructurales del vehículo y de imposible resolución”. 

Déficits estructurales de la Toro

Para funcionar el DPF necesita lo que se llama un proceso de regeneración. En ese proceso de regeneración, que dura aproximadamente 15 o 20 minutos, el auto tiene que funcionar bajo determinadas condiciones. A no menos de 60 kilómetros por hora y a no menos de 2000 revoluciones por minuto.

Si se circula en la ciudad, la regeneración es imposible que se cumpla. Y si se circula en ruta por ahí el conductor ni se entera y el proceso de regeneración pasó. 

Ahora, pude suceder que se produzcan muchas regeneraciones y que por algún motivo no finalicen y el DPF se sature. Y es ahí donde se presenta el inconveniente: en una vía rápida al acelerar para pasar a otro vehículo la camioneta se queda sin potencia, o al revés, acelera de golpe. 

Ocho años litigando

Los damnificados enfrentaron a un camino en la Justicia lleno de escollos. En casi una década, la automotriz desplegó su defensa siempre buscando dilatar la definición judicial.

Córdoba aparece como la provincia con mayor cantidad de usuarios afectados. Hay jurisprudencia en otros puntos del país, con fallos a favor de los compradores de la camioneta Fiat Toro en Mendoza, Salta, Buenos Aires (sentencia en el partido de San Martín, Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial), y de instancias superiores y firmes como fue el del Tribunal Superior de Mendoza y de la provincia de Jujuy. 

La abogada María Cecilia Di Giusto, junto a Rodolfo De Ferrari Rueda, patrocina a un universo de alrededor de 250 damnificados en esta provincia. Dialogó con La Nueva Mañana y confirmó que la denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial la presentaron 113 usuarios, y se van sumando otros. Se objeta el rol de los camaristas Julio Ceferino Sánchez Torres, Jorge Eduardo Arrambide y Florencia Belluschi, de la Cámara 7°, integrada para tratar la causa Fiat Toro.

“Todas las sentencias, salvo una, han sido favorables a los usuarios, pero ahora hay preocupación por la imparcialidad judicial y los damnificados denunciaron a los jueces por dudas serias sobre su objetividad. El proceso ha sido largo, con fallos favorables en distintas instancias, pero la cámara original se desintegró y se formó una nueva con jueces de otras cámaras y hacia ellos apunta la denuncia”, expligó Di Giusto.

Un caso aparece como testigo. Se trata de la causa Manzano, iniciada por un adquirente de la camioneta que, a pesar de enfrentar un problema de salud, la causa se demoró injustificadamente y aunque ganó la demanda, le rechazaron el daño punitivo que había sido reconocido en primera instancia.

“En febrero la Cámara 7°consideró que el vehículo era impropio para uso urbano y condenó a la concesionaria, no a la fábrica, por falta de información. En marzo, sin justificar el cambio de criterio, dijeron que el auto no era impropio sino solo dificultoso de usar, pero igual condenaron. En abril, con la misma prueba los mismos jueces, cambiaron de nuevo: ahora el auto es perfectamente utilizable, el deber de información se cumple solo entregando el manual, y rechazan la demanda. No explican por qué cambian de criterio”, amplió la abogada María Cecilia Di Giusto.