El Gobierno impulsa el endurecimiento de fronteras: hasta el momento hubo unas 14.000 expulsiones
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva afirmó que desde noviembre último se procedió a expulsar a "unos 14.000 ciudadanos extranjeros" por diferentes irregularidades. Además, indicó que el Gobierno desarrolla "una política de endurecimiento de las fronteras", porque es un tema que forma parte de la "seguridad nacional".
La ministra explico que “hay una reconfiguración de las migraciones, hoy los movimientos migratorios están orientados hacia países de ingresos medios y esto nos impone la necesidad de más controles migratorios”.
“En ningún momento estamos criminalizando la migración, no es ese el concepto, pero sí sabemos que, si no hay un orden migratorio y si no hay un refuerzo del control fronterizo, eso genera problemas a la seguridad nacional”, enfatizó.
La política migratoria del gobierno de Javier Milei se caracterizó el último tiempo por un endurecimiento de los controles de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros, impulsado principalmente a través del DNU 366/2025, que modificó aspectos centrales de la Ley de Migraciones.
Entre los principales cambios ahora se exigen más requisitos para ingresar al país, también se reforzaron los controles fronterizos, se ampliaron las causales para rechazar el ingreso de personas con antecedentes penales o irregularidades documentales. Y se establecieron mayores exigencias para acreditar los motivos de permanencia en Argentina.
En cuanto a las deportaciones, ahora son más rápidas. El Gobierno amplió las causales de expulsión de extranjeros que cometan delitos y se simplificaron procedimientos administrativos para acelerar deportaciones.
Sobre estos criterios, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de migrantes y especialistas cuestionaron la reforma por considerar que restringe derechos reconocidos a las personas migrantes y que vincula de manera excesiva migración con inseguridad. Algunas entidades la calificaron como una medida de sesgo xenófobo y criticaron que se haya implementado mediante un decreto y no por debate legislativo.