Procesan a tres investigadores de la Universidad de Río Cuarto por usar laboratorios para negocios privados
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos, sin prisión preventiva, de tres docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), acusados de haber utilizado instalaciones, equipamiento e insumos de la casa de estudios para desarrollar actividades privadas.
Según se informó oficialmente, el tribunal también ratificó el procesamiento de otro imputado, ajeno a la comunidad científica, por el delito de encubrimiento, mientras que revocó los de dos investigadoras por falta de mérito.
La decisión fue adoptada por los jueces Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres al revisar los recursos presentados contra la resolución dictada en agosto de 2025 por el Juzgado Federal de Río Cuarto, en una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo del fiscal Rodolfo Cabanillas, por presuntos delitos de peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública y defraudación.
Detalla un informe del Ministerio Público Fiscal (MPF) que la causa inició tras una emisión radial realizada en noviembre de 2024 en la que un abogado manifestó ser patrocinante de una docente de la Facultad de Ciencias Exactas que había denunciado irregularidades internas. De acuerdo a esa entrevista, la denunciante habría aportado pruebas de que los imputados utilizaban recursos de la universidad en beneficio propio.
El abogado señaló puntualmente que la firma AB Agrobiotech Diagnóstica ofrecía servicios privados de diagnóstico a través de redes sociales, utilizando laboratorios y equipos pertenecientes a la UNRC. A partir de su testimonio, la Fiscalía Federal ordenó una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, intervenciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario y fiscal, en los que —según indicó el fiscal en su presentación— “se detectaron por parte de los imputados un concierto de voluntades tendientes a ocultar prueba, elementos e instrumentos del delito”.
“Esta comunicación telefónica pone de resalto de manera contundente la conducta ilícita desplegada por los encartados, en donde manifiesta expresamente la existencia de ‘curros’ dentro de la Universidad”, explicaron los camaristas para referirse a una escucha integrada a la causa.
La investigación se centró en las sospechas sobre la utilización de los laboratorios N°5 y N°6 de la UNRC para la prestación de servicios privados vinculados con análisis biológicos, ensayos y asesoramientos técnicos destinados a empresas y particulares.
De acuerdo a la imputación del fiscal Cabanillas, para llevar a cabo estas actividades, se utilizaron recursos pertenecientes a la universidad pública para obtener beneficios económicos por fuera de los mecanismos institucionales previstos para ese tipo de prestaciones.
La fiscalía sostuvo que se emplearon de manera indebida materiales de laboratorio, reactivos y equipamiento especializado de la universidad, tanto en horario laboral como durante fines de semana. Los pagos por esos servicios eran percibidos directamente por los investigadores o canalizados mediante convenios institucionales, aunque los beneficios económicos quedaban en manos de los acusados, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la UNRC.
La Cámara también se refirió a la situación del acusado por encubrimiento, a quien la investigación le atribuye el ocultamiento de una computadora portátil y un teléfono celular pertenecientes a una investigadora, luego de que manifestara temor ante la posibilidad de que se los incauten en un allanamiento. “Una solicitud urgente y de noche para que resguardara un celular y computadora sin mayores explicaciones permite inferir razonablemente que tenía conocimiento de la procedencia ilícita de estos elementos”, sostuvieron los jueces.