La Justicia dio la razón a la Asociación de Trabajadores del Estado y frenó los despidos masivos en el INTI

Por la vigencia de una medida cautelar, se le impide a las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial "cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones". 
Trabajadores y trabajadoras del INTI vienen denunciando las amenazas de las autoridades, en cuanto al cierre de delegaciones y despidos masivos. Hoy tuvieron una buena noticia de parte de la Justicia Federal del partido de San Martín. Foto ilustrativa

"La Justicia impuso un freno al desguace que el Gobierno de Javier Milei pretende llevar adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y ordenó a las autoridades del organismo dar marcha atrás con la Resolución 42/26", expresó en un comunicado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Hay una medida cautelar en vigor, por la cual el Juzgado Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,  impide a las autoridades del INTI "cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones, al tiempo que le exige la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores, con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones".

La disposición judicial, firmada por el juez Tezanos Pinto, es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal que encabeza ATE desde diciembre de 2023. 

"Un histórico triunfo para los estatales”, sostuvo cuando se conoció la noticia el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar. El dirigente vaticinó que "Javier Milei se está debilitando" y anticipó que ATE irá por más victorias en la Justicia. 

El Gobierno obligado a retrotraer decisiones

El Consejo Directivo de INTI, designado por Milei, había emitido la Resolución N° 42/2026, que bajo el pretexto de una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, dispuso la cesación de cientos de servicios sistematizados, privando al organismo de funciones esenciales, lo que vacía la capacidad técnica del Instituto, elimina su principal fuente de autofinanciamiento, disponiendo la desocupación efectiva de los trabajadores especializados.

Ahora, y con una vigencia de seis meses, el gobierno debe retrotraer las medidas dispuestas a partir de la aplicación de la Resolución 42 y restablecer la potestad de la ley por sobre la arbitrariedad, la ilegalidad y el desguace.

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