La Justicia Federal intimó al Gobierno a cumplir con las prestaciones de discapacidad en Córdoba

El juez Vaca Narvaja remarcó que las demoras en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos ponen en riesgo los tratamientos de un colectivo de alta vulnerabilidad.
La abogada Marta Lastra presentó el amparo en abril, en un contexto marcado por el reclamo del sector que se movilizó reiteradas veces. Foto: archivo LNM/ Bahía De Palma. 

Este lunes, el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, intimó al gobierno de Javier Milei a cumplir con las prestaciones de discapacidad en Córdoba. La disposición exigió que Incluir Salud y PAMI deben regularizar de forma "urgente" la cadena de pagos y la entrega de medicamentos. 

La Justicia hizo lugar a una cautelar presentada por la abogada Marta Lastra, con el objetivo de que el Ministerio de Salud nacional garantice el acceso al acompañamiento que precisan cientos de personas con discapacidad que residen en la provincia.

La defensora, integrante de Defendamos Córdoba, presentó el amparo en abril, en un contexto marcado por el reclamo del sector que se movilizó reiteradas veces exigiendo en cumplimiento de la ley de emergencia. 

En el fallo, el magistrado remarcó que las demoras crónicas en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos ponen en riesgo inminente la continuidad de los tratamientos de un colectivo de alta vulnerabilidad, afectando su derecho a la salud. 

La Justicia reconoció que la demora en los pagos genera un riesgo en la salud de las personas. Foto: archivo LNM/ Bahía De Palma.

El texto judicial indicó que en setenta y dos horas los organismos tiene que "normalizar de manera efectiva la cadena de pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 que reciben los titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad, evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones".

Entre los fundamentos del fallo, que tiene alcance colectivo, Vaca Narvaja señala que "la demora por parte de las demandadas en el pago a los prestadores, y la permanencia de esta situación, sería susceptible de generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, con riesgo a la salud de las personas involucradas".

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