Previo al juicio por el triple lesbicidio, en Córdoba reclaman justicia: "No es un caso aislado"
Este miércoles se cumplieron dos años desde el día en que Fernando Justo Barrientos prendió fuego la habitación del hotel donde vivían dos parejas de mujeres, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El fuego arrasó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Sofía Riglos pudo sobrevivir después de pasar un mes en el Instituto del Quemado con cuidados intensivos.
El juicio comienza el 18 de mayo y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 compuesto por los jueces Fabián Dinesta, Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, tiene la posibilidad de reconocer las violencias contra las personas LGBTIQ+ y sentar un precedente. Sin embargo, hasta ahora, la investigación judicial se inclinó por entender los asesinatos como un "conflicto vecinal", alejándose de la figura de "crimen de odio" que exige la querella.
En Córdoba, este sábado Alerta Torta convoca a un encuentro en Plaza Intendencia, desde las 17, para conmemorar a las víctimas y exigir un juicio con perspectiva de género. "Consideramos que no es un caso aislado, de hecho, fue como el puntapié para que hubiese otros delitos de la misma índole", manifestó Lizzy Ili Flores, integrante de la organización, a La Nueva Mañana.
El contexto
El ataque ocurrió en el barrio porteño de Barracas pero tuvo repercusión en todo el país: por un lado un repudio contundente a los crímenes motivados por la discriminación, por el otro la réplica de este tipo de agresiones brutales.
Después del triple lesbicidio se consumaron una seguidilla de ataques contra lesbianas. Como la que padeció Mariana Oliver en Oran (Salta), quien en febrero de 2025 recibió siete puñaladas mientras dormía en su propia casa y sobrevivió gracias a la ayuda de su hija. Marcelo Córdoba está imputado y detenido por este hecho.
El mismo mes, dos mujeres que iban de la mano por la Ciudad de Buenos Aires fueron golpeadas por un varón que les pregunto por qué se vestían como hombres antes del primer puñetazo. En abril del año pasado, Marcela Fabiana Heredia, oriunda de Río Cuarto, fue asesinada de tres disparos por el policía Gabriel Fernando Danielo. El presunto agresor era expareja de la novia de la víctima.
Incentivar la violencia
"Estamos viviendo en un contexto sociopolítico incentiva a esta violencia, ¿no? Como que la reivindica", remarca Lizzy recordando el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde atacó directamente al colectivo LGBTIQ+.
En ese marco, desde Alerta Torta destacan que una sentencia reconocedora de las violencias hacia la orientación sexual "determina un precedente judicial" y "crea un sentido social".
"Además de que la Justicia sancione y proponga medidas preventivas, pedimos un fallo reparador", comenta Flores.
Consultada sobre el reclamo de que la Justicia reconozca el crimen como un "lesbicidio", la entrevistada expresa que el término define una agresión en el marco de un discriminación hacia la orientación sexual.
"Las personas no son agredidas sólo por su género, también por situación sexual", explica y agrega: "Es como que hay una doble violencia".
En el caso del triple lesbicidio de Barracas, la querella sostiene que hubo amenazas previas y señalamientos violentos por parte de Barrientos, quien era vecino de las víctimas.
La idea del encuentro del sábado es recordar a Pamela, Andrea y Roxana. "Sus existencias fueron más que un hombre que decidió matarlas porque se sintió con la impunidad de hacerlo", refuerza Lizzy.
Desde el espacio señalan que las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían "fueron parte del entramado de este crimen de odio" y argumentan que el Estado es responsable, "por fomentar discursos de odio que empujan a la precarización".
Vica
El 12 de abril, Vica Monteros, una persona de la comunidad LGBTIQ+, fue asesinada en su casa de barrio Alberdi. Maximiliano Sallito, de 27 años, está acusado de darle más de 20 puñaladas. El hombre permanece detenido.
La semana pasada el fiscal Guillermo González dispuso la ampliación de la imputación inicial de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, incorporando el odio a la orientación sexual. El cambio de encuadre respondió al pedido de organizaciones disidentes, quienes advirtieron que el ensañamiento contra Vica respondía a su la forma en que expresaba su identidad.
Lizzy Flores, indica que la modificación de la carátula es un buen paso. “Defendemos que es importante la existencia de un reconocimiento judicial, ya que la ausencia es una falta a los derechos humanos”, cierra.
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