Ángel Rossi: "La deuda social con los pobres se paga con tierra, techo y trabajo"

La Mesa de Barrios Populares Córdoba y el Arzobispado expresaron su preocupación ante el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno nacional.
En la provincia existen 318 barrios registrados dentro del Renabap. Foto: Arquidiócesis de Córdoba

Este jueves por la mañana se realizó en el Arzobispado de Córdoba la conferencia de prensa “En defensa de los barrios populares”, convocada por la Mesa de Barrios Populares Córdoba junto a la Iglesia Católica de Córdoba, para manifestar su preocupación ante el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno nacional.

La conferencia contó con las exposiciones del cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; Melchor López, Vicario de los Pobres; Ayelén Cabaña, referente de la organización TECHO; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular de la ciudad de Córdoba.

Luego de las intervenciones, se abrió un espacio de diálogo y preguntas con los medios presentes.

Durante el encuentro se advirtió que el proyecto del Gobierno nacional propone modificar aspectos centrales de la Ley 27.453, normativa que establece un régimen de regularización dominial e integración socio urbana para barrios populares de todo el país.

En ese marco, los distintos expositores coincidieron en señalar que, de aprobarse, la iniciativa implicaría un retroceso en materia de derechos y pondría en riesgo procesos de integración socio urbana, acceso a servicios básicos y herramientas de protección para miles de familias.

Precisaron, en ese sentido, que en Córdoba más de 40 mil familias podrían verse afectadas; y que en la provincia existen 318 barrios registrados dentro del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares).

En su intervención, el cardenal Rossi puso el foco en la dignidad humana y en el drama de quienes viven sin condiciones habitacionales adecuadas. “Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”, expresó el arzobispo de Córdoba.

Más adelante, afirmó que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo”. Y remarcó: “No es filantropía, es una obligación de todos”.

Por su parte, Melchor López repasó algunos datos vinculados al impacto de la Ley 27.453 y al proceso de integración socio urbana desarrollado en los últimos años. Explicó que el Renabap permitió identificar 6.467 barrios populares en todo el país, donde viven más de cinco millones de argentinos y argentinas y en donde se identifica el núcleo duro de la pobreza e indigencia nacional.  De ese total, 318 barrios se encuentran en la provincia de Córdoba.

También destacó que la implementación de esta política pública posibilitó la realización de obras de integración socio urbana en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante convenios con 130 municipios, 18 provincias y 160 organizaciones.

Ayelén Cabaña, referente de TECHO, señaló que el proyecto de ley “desarma los instrumentos estructurales que sostienen la integración socio-urbana” y expresó preocupación por las consecuencias concretas que esto podría tener para las familias de barrios populares.

En ese sentido, mencionó que actualmente existen 671 obras paralizadas en todo el país, más de 11 mil mujeres con desembolsos pendientes del programa Mi Pieza y 150 juicios de desalojo activos que afectan a más de 4.500 familias.

Además, remarcó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tiene más de 20 años de antigüedad y que miles de familias continúan sin acceso garantizado a condiciones de vida dignas.

Conferencia de prensa en favor de la integración socio urbana (Arquidiócesis de Córdoba).

Por su parte, Débora Koraj compartió la experiencia de organización comunitaria vivida en su barrio y destacó la importancia del trabajo de las cooperativas para fortalecer la integración, las redes entre vecinos y el desarrollo comunitario. También subrayó el valor que tuvo para muchas familias el certificado de vivienda familiar (CVF) y la necesidad de defender una ley que reconoce derechos y brinda herramientas concretas a los barrios populares.

A lo largo de la conferencia, los distintos participantes coincidieron en la necesidad de sostener políticas públicas que promuevan la integración, el acceso a derechos básicos y el acompañamiento a las familias de los barrios populares.

La jornada concluyó con un llamado a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades más integradas, con oportunidades y condiciones dignas para todos.

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