Amenazas en escuelas: Quinteros confirmó que la Provincia buscará el resarcimiento tras los operativos

El ministro de Seguridad brindó detalles sobre la medida que pretende recuperar los gastos de los despliegues policiales frente a alertas por presuntos ataques a escuelas. La semana que viene se instrumentarán las notificaciones. 
"El Estado va a ir en busca de lo que es la responsabilidad patrimonial resarcitoria. Esto no es una multa por eso va a tener un valor diferente en cada caso, dependiendo la intervención que demandó". Foto: archivo gentileza X. 

Este viernes, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros informó que 26 familias recibirán a partir de la próxima semana la notificación que las intima a pagar los gastos de los operativos montados tras presuntas falsas amenazas de ataques en escuelas. 

Luego de la agresión fatal en un colegio de Santa Fe, se registraron mensajes que advertían supuestos tiroteos en instituciones de diferentes localidades de la provincia de Córdoba, lo que generó preocupación y la activación de protocolos policiales para garantizar la integridad física de estudiantes y docentes.

Tras la investigación encarada en Córdoba y la imputación de 26 adolescentes, la provincia avanzó con una medida drástica: quienes generen falsas amenazas de tiroteos en establecimientos educativos deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que dichas situaciones demanden. 

El pago recaerá sobre la familia de los presuntos implicados. "Estamos hablando de una suma que claramente va a afectar la economía de cualquier hogar", expresó Quinteros en Canal 10, tras los primeros avisos. 

"El Estado va a ir en busca de lo que es la responsabilidad patrimonial resarcitoria. Esto no es una multa por eso va a tener un valor diferente en cada caso, dependiendo la intervención que demandó", se explayó, aclarando que la sanción será igual para todos los sectores sociales, sin diferenciar las instituciones a la que asisten estudiantes provenientes de barrios vulnerables. Asimismo, detalló que las familias podrán apelar la decisión. 

La resolución del Gobierno contempla los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación, que serán reclamados a los padres o adultos responsables de las personas menores de edad identificadas e imputadas por la Justicia.

"A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos", explicaron desde la Provincia.

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