La Justicia Federal de Córdoba admitió un amparo colectivo que busca garantizar las prestaciones en discapacidad
Este jueves, el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo del magistrado Hugo Vaca Narvaja, admitió un amparo colectivo que denuncia la situación crítica de INCLUIR Salud y PAMI, en el marco de los reclamos por la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad.
La demanda, presentada por la abogada Marta Lastra, busca garantizar el acceso al tratamiento y acompañamiento médico necesario de todas las personas con discapacidad que se vieron afectadas por el corte en la cadena de pagos a los prestadores de salud.
Trabajadores del sector, personas con discapacidad y familiares vienen denunciando públicamente que el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la ley de emergencia provocaron un resentimiento en la atención, vulnerando el derecho a la salud.
En el texto que declara la admisión de amparo, el magistrado reconoció que "cuando el sistema que debería garantizar la atención deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas".
Avanza la demanda
El amparo solicitado busca revertir la situación generada por el Gobierno a partir del decreto por el que suspendió la aplicación de la ley de emergencia. Aunque este instrumento ya fue declarado inválido por la Justicia Federal, Javier Milei sigue sin respetar la normativa, adeudando pagos desde diciembre del año pasado.
Lastra, una de las letradas que presentó el pedido en sede judicial y referente de Defendamos Córdoba, destacó que, al haberse hecho la admisión como amparo colectivo "la decisión que tome la Justicia será aplicable al colectivo, evitando el desgastante camino individual".
Asimismo, Vaca Narvaja admitió "la posición de vulnerabilidad del colectivo involucrado", afirmando que resulta "irrazonable y contrario al acceso a la justicia, exigir que se formulen presentaciones individuales".
El fallo judicial reconoce la legitimación de una madre y curadora para representar no solo a su hijo, sino a todas las personas titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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