En el ojo de la tormenta: Adorni contrató a un abogado para enfrentar la causa por los vuelos

En medio del avance de la investigación que busca esclarecer el financiamiento del viaje a Punta del Este, Adorni presentó a su abogado defensor. El juez Ariel Lijo indaga otros vuelos para determinar si forma parte de una operación habitual del funcionario. 
El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes. Foto: archivo. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató a un abogado para la causa en la que se investiga cómo pagó el vuelo a Punta del Este que compartió con su familia y su amigo el periodista Marcelo Grandio.

Mientras aumentan los rumores de su salida del Gobierno por los continúos cuestionamientos al incremento desmedido de su patrimonio personal, el funcionario decidió contratar al estudio del letrado Matías Ledesma (Ledesma y Asociados), aclararon desde el entorno de Adorni ante la consulta de NA.

La causa que busca determinar los fondos utilizados para ese viaje privado se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. La Justicia indaga si se trató de dávidas o algún intercambio de favores. 

Días atrás, Lijo ordenó una serie de allanamientos, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este junto al exconductor de la TV Pública, durante el feriado de Carnaval.

En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron, la semana pasada, procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis.

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.

Más pruebas

El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes. La causa sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario, en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados.

El avance del expediente judicial incrementa la presión sobre el entorno del Gobierno, en un caso que combina el uso de vuelos privados, vínculos con terceros y el análisis del financiamiento de actividades de funcionarios públicos.

Fuente: NA

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