Passerini rindió homenaje a trabajadoras y trabajadores municipales víctimas del terrorismo de Estado
Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, se realizó un homenaje a las y los trabajadores municipales desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, junto a sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la cochera del Palacio 6 de Julio.
“El terrorismo de Estado dejó consecuencias que la Argentina aún sigue atravesando. Fue el instrumento mediante el cual se impuso un modelo de saqueo económico que generó endeudamiento y eliminó a muchas personas que luchaban por un país más justo, solidario y con justicia social; valores que hoy, paradójicamente en democracia, un gobierno que pretende aplicar el mismo modelo económico intenta erradicar”, expresó el intendente Daniel Passerini.
“Desde nuestra gestión municipal y provincial no solo acompañamos estos actos: los promovemos. Hemos decidido que este 24 de marzo no sea un cierre, sino el punto de partida de una agenda de acciones sostenidas a lo largo de todo el año, en compromiso permanente con la memoria, la verdad y la justicia”, agregó.
La conmemoración se llevó a cabo junto a la placa en la que están grabados los nombres de 29 trabajadoras y trabajadores municipales desaparecidos. Entre ellos se encuentra el concejal Víctor Lorenzo, incorporado recientemente a este listado que, como todo registro vinculado a la memoria de la violencia clandestina, permanece en constante construcción.
Del reconocimiento participaron sobrevivientes, familiares de personas detenidas en el Palacio Municipal, el viceintendente Javier Pretto, funcionarios del Departamento Ejecutivo y miembros del Concejo Deliberante.
La cochera municipal, sitio de memoria
De acuerdo con los testimonios judiciales y de sobrevivientes, la cochera funcionaba como un retén o pasillo de distribución desde donde las personas detenidas eran trasladadas a cárceles, comisarías y otros centros clandestinos. Se estima que por allí pasaron entre 150 y 200 detenidos ilegales, en su mayoría jóvenes que fueron retirados por la fuerza de sus lugares de trabajo para ser interrogados y torturados.
Gracias a estos testimonios, el lugar fue incorporado al registro oficial de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en la Argentina y de los aproximadamente 50 que operaron en la provincia de Córdoba. En 2018 el espacio fue reconocido formalmente como centro clandestino de detención mediante la Ordenanza N.º 12.669.
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