Llaryora envió a la Unicameral el proyecto de "Ley Joaquín", para brindar protección a las víctimas de delitos
El Gobierno de la Provincia remitió a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, que busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal.
Explicaron oficialmente que la propuesta, que el Ejecutivo sugiere llamar “Ley Joaquín” en memoria de Joaquín Sperani, establece derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales.
El texto sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización. A partir de dicho diagnóstico, el proyecto fija un piso de protección común para todas las víctimas, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.
En rigor, la iniciativa establece la garantía de los siguientes derechos desde el primer contacto de las víctimas con el sistema de justicia: Trato digno, privacidad y no revictimización; Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias; Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario; Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave; Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua; Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación; y Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Asimismo, el régimen incorporaría el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
La propuesta incluye un conjunto de modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba, que se consideran necesarias para que los derechos reconocidos no queden en declaraciones abstractas.
Entre los cambios más relevantes, el Gobierno destaca los siguientes: Habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes; Reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos; Prevención estricta de la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias; Establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar; Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba; Creación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, donde la víctima deberá ser informada obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género).
Aclararon desde la Provincia que el proyecto “no introduce privilegios procesales” y mantienen el equilibrio del proceso penal, aunque garantiza respuestas “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con los estándares que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa prevé también la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura, integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas; que tendrá la función de producir diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo deberá asegurar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o previsiones específicas.
El proyecto lleva el nombre de “Joaquín”, en referencia a Joaquín Sperani, el joven de 14 años que falleció en Laboulaye en 2023, tras ser agredido por otro joven menor de edad.
Explicaron desde la Provincia que la incorporación de su nombre a la iniciativa pretende oficiar como acto de memoria institucional y señal pedagógica. La denominación, según indica el proyecto, busca recordar que detrás de cada expediente “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.
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