Reforma laboral en el Senado: Bullrich aseguró que hubo “acuerdo” con aliados para tratar este miércoles el proyecto
La presidenta del bloque oficialista dijo que la iniciativa no es otra cosa que la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Sin embargo, todo el arco gremial la considera un retroceso.
Este miércoles el Senado tratará el proyecto de reforma laboral. Foto archivo: NA
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes un “acuerdo” para tratar el miércoles la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.
“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo la ex ministra de Seguridad sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.
En conferencia de prensa, agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.
El Gobierno anunció que sacó el capítulo de Ganancias del proyecto de reforma laboral, a partir del pedido de los gobernadores y a fin de garantizar la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta. Así lo confirmó la propia Bullrich en conferencia de prensa.
El exitismo de Bullrich no se condice con las fuertes críticas que recibió el proyecto de reforma laboral ("modernización laboral", como prefiere llamarlo el Gobierno) de todo el arco gremial, en términos de que fomenta la precarización, desfinancia el sistema previsional y no ofrece perspectivas favorables para la creación de nuevos empleos registrados en Argentina.
Puntos del proyecto que impactarán en las relaciones laborales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó el proyecto de ley que impulsa el gobierno libertario y concluyó que baja el piso de protección para el universo de trabajadores y trabajadoras, estén o no registrados, debilita la negociación colectiva y amplía las facultades empresariales.
Lejos de mejorar la informalidad, consolida la precarización y avanza hacia un modelo que requiere mayor persecución penal de la protesta para sostenerse.
Entre las objeciones y críticas, el CELS indicó que el proyecto habilita que se pueda trabajar 12 horas por día y sustituye el pago de horas extras por un sistema de compensaciones establecidas por medio de acuerdos individuales. La reforma opera sobre la idea falsa de que quienes trabajan pueden convenir de manera voluntaria y sin presiones su jornada y su descanso, que no necesitan de la intervención de un sindicato porque tienen una relación de paridad con el empleador. En un país donde la informalidad en las contrataciones y las situaciones precarias condicionan cualquier relación laboral, sin herramientas para defenderse, las exigencias empresariales se imponen sobre los derechos.
También propone que se elimine el principio de aplicación de la ley más favorable al trabajador en el terreno judicial. En cualquier conflicto, esto inclina la balanza a favor de las empresas y desmonta los principios constitucionales de protección de quienes trabajan. Desarma un estándar legal que hace más de 50 años equilibra la desigualdad entre las dos partes.
Por otra parte, el CELS advirtió que la reforma elimina la obligación patronal de mantener el salario ante enfermedades. Eso permitiría que ante una complicación en la salud, a pesar de estar en una situación de mayor fragilidad y necesidad, las y los trabajadores pierdan parte de sus ingresos.
También está el llamado "FAL". El proyecto que analizará el Senado este miércoles propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que modifica el origen de las indemnizaciones y se podrá pagar hasta en doce cuotas. Así se licúa el poder adquisitivo del monto y se trasladan todos los riesgos a quien se queda sin trabajo. Lejos de fortalecer la protección, el fondo busca abaratar los costos laborales. Se compone de un 3% de los aportes a la seguridad social y desfinancia las jubilaciones y las pensiones.
Se analizan otros aspectos negativos para el trabajador y la trabajadora, pero hay uno que afecta directamente a la representación gremial y afecta al poder de negociación. Y es que la reforma laboral pone por encima los convenios por empresa respecto de los convenios colectivos y avanza contra la ley 12.250 que establece que se debe aplicar el que sea más favorable para el trabajador. Este cambio quebraría los vínculos de solidaridad entre trabajadores y promueve la fragmentación de las negociaciones, exponiéndolxs a negociar en condiciones de todavía mayor debilidad frente al empleador.
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