Doble femicidio: la Justicia investiga a la fiscal Gutiez y a sus ayudantes por "inacción"

La Justicia de Córdoba abrió un sumario administrativo interno contra la fiscal Jorgelina Esther Gutiez y a tres de sus ayudantes, para investigar su accionar frente a la denuncia que presentó Luna Giardina contra el doble femicida Pablo Laurta.

La funcionaria del poder judicial está imputada por desestimar los reportes de violencia y no tomar las medidas necesarias para evitar el doble crimen. 

A ese cuestionamiento se suman los reclamos de las familias de víctimas de violencia estatal, quienes señalaron que al menos en cinco casos la fiscal resolvió a favor de los policías acusados. En algunas causas que pasaron a otra fiscalía, la investigación de Gutiez fue descartada y los imputados elevados a juicio. 

Luna denunció más de una vez 

Según figura en el expediente, Gutiez es indagada por presunta "negligencia" y por no atender la "gravedad" de los hechos precedentes al asesinato de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio. Por los homicidios se encuentra acusado y detenido Laurta, integrante de la organización misógina y libertaria "Varones Unidos".

La principal hipótesis de la Justicia es que el imputado a principios de octubre viajó desde Uruguay, ingresó al domicilio y le disparó a su expareja y a su exsuegra y secuestró a su hijo, que luego fue rescatado. 

Laurta tenía más de una denuncia por violencia de género, anteriormente había incumplido la orden de restricción y además había ingresado al país con un arma, situaciones que la fiscal no tuvo en cuenta a la hora de disponer medidas de protección. Giardina acudió reiteradas veces a la Justicia entre 2023 y 2024, para exponer la situación de peligro en la que se encontraba. 

Inactividad y omisión

Las acciones de la fiscal, a cargo del Distrito 4, Turno 6, y de sus ayudantes Carlos José Ayrolo, Denisa Margot Díaz y María Cecilia Guzmán de Viale son analizadas principalmente por una prologada "inactividad judicial", que paralizó la denuncia de Luna.  

El reproche principal que figura en el sumario refiere a que los investigados "no impartieron el cumplimiento de directivas en tiempo oportuno y con la premura del caso, como así tampoco habrían solicitado las pertinentes". Además, se los acusa de un largo período de "inactividad", que duró casi 11 meses -10 meses y 27 días-, en los cuales no dispusieron ninguna medida de resguardo. 

A Gutiez no solo se le cuestiona la omisión de ordenes que prodrían haber garantizado la seguridad de la víctima y su hijo, sino que además, presuntamente no remitió las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar. Por último, el expediente interno señala que no "habrían otorgado prioridad de tratamiento urgente" que establece la normativa vigente. 

Otro hecho bajo revisión es la acelerada liberación de Laurta luego de que este incumpliera la orden de restricción y protagonizara un siniestro vial en barrio Argüello. El ahora acusado por el doble femicidio se presentó en la casa de su expareja en enero de 2024, luego chocó en su auto y estuvo detenido durante un mes, hasta que Gutiez decidió dejarlo en libertad. 

"Gutiez cómplice de asesinos y femicidas"

Luego de conocerse la apertura de un sumario interno y la acusación contra la fiscal Jorgelina Gutiez y los tres funcionarios, la Coordina de Familias de Víctimas de Gatillo Fácil difundió un comunicado en el cual señalan una serie de irregularidades en causas vinculadas a la violencia policial. 

"Gutiez actuó en complicidad con el Estado policial en juicios por, al menos, cinco casos de gatillo fácil", manifestó en un documento. Los casos más resonantes son las muertes de Ezequiel Casatro, Rodrigo Sánche, Sergio David Menseguez, Güere Pellico y Cristian Guevara. 

De cara a la 19ª Marcha de la Gorra, las familias junto a sus abogados elaboraron una cronología de los casos en donde la fiscal sobreseyó a policías acusados, evitó juicios y demoró investigaciones. 

En 2014, Gutiez cerró la causa por el supuesto suicidio de Cristian Guevara, en la Comisaría 19 de barrio Los Naranjos. El chico fue detenido y los testigos indicaron que se desmayó luego de golpes propiciados por uniformados. Luego apareció sin vida en su celda. 

Ese mismo año, la funcionaria decidió no sentó en el banquillo de los acusados a los oficiales responsables del asesinato de Güere Pellico, que luego fueron juzgados y condenados.

En 2017, la fiscal solicitó el sobreseimiento del policía Lucas Carranza por el asesinato de Rodrigo Sánchez. Años después, con la instrucción de otra fiscalía, Carranza enfrentó un juicio y la Justicia determinó que fue quien disparó contra el joven y le impuso una condena por "homicidio en exceso en el cumplimiento del deber".

Un año después, el policía Erik Chamorro fue detenido tras matar de un disparo en el pecho a Sergio David Menseguez, de 24 años. Días después Gutiez permitió que el policía recupere su libertad, aunque estaba imputado por homicidio. 

El último caso que las familias denuncian es el de Ezequiel Castro. El joven falleció en el Hospital Misericordia con marcas de torturas y deshidratación, luego de permanecer detenido en el Centro Psicoasistencial (CPA), en el 2022. Por tres años, la investigación estuvo a cargo de Gutiez y no hubo avances. Después pasó a manos de fiscal Raúl Garzón y en pocos meses se prevé la elevación a juicio. Entre trabajadores del centro de salud y policías, hay un total de 31 personas imputadas. 

La organización que denuncia los hechos de represión de la Policía de Córdoba advirtió que en diferentes ocasiones presentaron quejas contra la fiscal, pero fueron desestimadas por el Poder Judicial. Sin embargo, el sumario es una oportunidad para que la actuación de la Justicia sea revisada. 

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