Judiciales se movilizaron en una "caravana federal" que demandó paritarias y mesas de negociación colectiva

Federico Corteletti, titular de la Agepj y adjunto de la Federación Judicial Argentina (FJA), explicó que se trata de un reclamo de larga data que sólo en algunas provincias ha suscitado respuestas positivas y que en Córdoba es desoído por el TSJ.
Foto: Judiciales Córdoba

Este martes 23, la personal judicial de la provincia de Córdoba se manifestó en esta capital, en el marco de la "Caravana Federal por la Negociación Colectiva Judicial", mediante la cual trabajadoras y trabajadores judiciales demandan contar con convenios colectivos de trabajo y negociaciones paritarias, al igual que lo tienen otros sectores.

Federico Corteletti, titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y adjunto de la Federación Judicial Argentina (FJA), entrevistado por La Nueva Mañana, explicó que se trata de un reclamo de larga data que sólo en algunas provincias ha suscitado respuestas positivas y que en Córdoba es desoído por el Tribunal Superior de Justicia.

- ¿De qué se trata el reclamo concreto que tienen los judiciales?

- Somos trabajadores judiciales que pertenecemos a los poderes judiciales provinciales y la Corte Suprema, que en su mayor parte carecemos de este derecho del que gozan otros sectores del trabajo privado y estatales. Tenemos una normativa internacional que promueve la negociación colectiva en el Estado y específicamente en el Poder Judicial. Hay un solo poder judicial, el de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que tiene negocación colectiva y paritarias, y concretó el único convenio colectivo en judiciales. Otras jurisdicciones han avanzado parcialmente en la negociación o tienen paritarias para definir salarios, pero no tienen convenios colectivos. Lo que pedimos con esta caravana y otras acciones que venimos realizando a lo largo de los años, es sentarnos todas las jurisdicciones y la Corte Suprema a diseñar un convenio colectivo para los judiciales que impongan pisos salariales y en las condiciones de trabajo en todo el país y la carrera. Hoy hay una diferenciación muy grande entre todas las jurisdicciones, una brecha salarial enorme que queremos revertir.

- ¿Cuál es el argumento que utilizan las autoridades del Poder Judicial para no habilitar la discusión por esta negociación colectiva?

- El principal argumento que usan es el de la independencia del Poder Judicial, que es remanido y no usan solo para este tema, sino también con otros sectores. Es un argumento engañoso, ya que no se pone en peligro la independencia del Poder Judicial por sentarse a negociar un convenio colectivo y los salarios y los derechos de las trabajadoras y trabajadores judiciales. El Poder Judicial interpreta la ley, por lo que tiene que tener independencia en un sistema republicano. Pero al discutir salarios lo hace como cualquier otro empleador y debe cumplir con obligaciones. Ha tenido la Argentina condenas internacionales por este tema y hemos hecho presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un poder reacio a cumplir con estas obligaciones y a democratizarse. Pero creemos que esto es elemental y necesario.

- En la provincia de Córdoba, ¿cómo está el tema?

- Córdoba es un tema paradigmático. Nosotros negociamos salarios sólo cuando se da la correlación de fuerzas. Hay un conflicto y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) accede por la fuerza a sentarse a discutir. Por lo general es así. Sin embargo, Córdoba tiene una ley de negociación colectiva que es del año 1993 y no usa. Se la conoce como "Ley Sappia". Esa ley no ha tenido ningún uso en la provincia. Nosotros reclamamos el uso de este ley, que evitaría muchísimos conflictos.

- ¿Entonces en Córdoba los aumentos se deciden de manera unilateral?

- En principio. Hay un acuerdo de varios años donde recibimos los mismos aumentos que la Corte Suprema. Por ende ahí hay una derivación de la fijación del salario en otras instancias, pero esto fue de común acuerdo, porque teníamos solo un regimen de equiparación para funcionarios y magistrados, y los trabajadores estábamos al margen. Este año, tras un conflicto de tres meses y medio, nos sentamos en la Secretaría de Trabajo y logramos también una equiparación para los trabajadores judiciales con los de la Corte Suprema. Igual, esto no impide que podamos tener una paritaria y discutir otros aspectos que no tienen que ver solo con lo salarial, sino también con la carrera, condiciones de trabajo, medio ambiente.

- ¿Hay algún canal abierto para que en la provincia se pueda discutir esta demanda?

- El Poder Judicial prefiere no hacerlo. Es bastante esquivo y se demuestra en lo que pasó en los últimos 20 años, donde los avances se lograron a través de conflictos, por esa inmadurez de no utilizar la paritaria para resolver las controversias. No hay voluntad de la Justicia ni del Gobierno de la Provincia. No lo hubo con gobiernos radicales ni peronistas. La Federación tiene el objetivo de lograr una paritaria nacional y negociaciones en las provincias. Pensamos la paritaria nacional al estilo de la docente, que hoy tiene suspendida el gobierno de Javier Milei y que ha logrado subir los pisos salariales y generar herramientas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

   

  

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