El sector de la discapacidad marchó en Córdoba, en defensa de la Ley de Emergencia y en rechazo del veto

Personas con discapacidad, familias y prestadores volvieron a reunirse en la Plaza San Martín, mientras el Senado daba inicio a la sesión en la que se vota el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia.
"La ley vuelve a legitimarse, demostrando que no genera desequilibrio fiscal dando por tierra argumentos a la crueldad del Gobierno, que no da respuestas a las necesidades de un pueblo, al escándalo por posible corrupción, ni al desmantelamiento institucional de un sistema de apoyos". Foto: Consuelo Cabral / LNM

El sector de discapacidad volvió a movilizarse este jueves en las plazas de todo el país, para defender la ley de emergencia y reclamar el compromiso de las y los senadores.

Mientras se suman denuncias por una supuesta trama de coimas, vinculada a los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; personas con discapacidad, familias y prestadores concentraron en la Plaza San Martín para exigir respuestas del Ejecutivo, en medio de un brutal desmantelamiento. 

"El compromiso del Congreso es urgente: la Emergencia ya está instalada en la vida cotidiana de miles de personas ¡que sea ley ya!", decía el comunicado que había compartido el sector, para convocar a la marcha y exigir a las senadoras y senadores un compromiso con la defensa de la Ley aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Milei. Semanas atrás Diputados volvió a ratificar la normativa y el Senado tiene previsto consolidarla este jueves.

En cuanto al veto presidencial, el colectivo repudió lo que denominó como "el espíritu antidemocrático del Gobierno nacional que desmiente la voluntad popular y la representación federal que apela a la garantía de derechos".

En la misma línea agregó: "Si no pueden generar planes de gobierno garantizando lo mínimo funcionando, no se trata de un plan de gobierno, sino de ajuste y necropolítica". 

A su vez, destacó que luego de meses de reclamo "esta ley vuelve a legitimarse, desde el respeto a la instituciones, demostrando que no genera desequilibrio fiscal dando por tierra argumentos a la crueldad del Gobierno, que no da respuestas a las necesidades de un pueblo, al escándalo por posible corrupción, al desmantelamiento institucional de un sistema de apoyos que aún con sus carencias es modelo en Latinoamérica". 

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