Legisladores notificaron a la Justicia su derecho a visitar a Cristina Fernández sin restricciones

Diputados y Senadores de Unión por la Patria (UxP) solicitaron este miércoles a la Justicia visitar a la ex presidenta Cristina Fernández en la vivienda en la que atraviesa su detención domiciliaria, sin tener que pedir autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla el cumplimiento de la condena de la ex mandataria.

El pedido está plasmado en un escrito presentado ante ese tribunal, que pide que “se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política”.

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispusieron que solo haya una lista de personas integrada por familiares, custodia policial, médicos y abogados que la representen que no necesitan autorización, y que fuera de esa nómina se debe pedir autorización.

En la víspera, estos magistrados habían rechazado un pedido de la defensa de la ex mandataria para recibir visitas sin restricciones y sin tener que pedir permiso a la Justicia, y ahora se sumó el pedido de los bloques de diputados y de senadores de UxP.

“En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella (nos amparamos en la práctica de visitas a detenidos en prisión domiciliaria sin autorización previa y en normativas internacionales de derechos humanos como el PIDCP y la CADH)”, señalaron.

Los legisladores de UxP destacaron que “como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta”.

Señalaron que, de acuerdo a las facultades privativas del Poder Legislativo, “la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo la función de representar al pueblo. Las garantías constitucionales (artículos 67 a 69) buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias”.

También argumentaron que las inmunidades de los legisladores no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para “asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado”.

Y destacaron que “impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes. Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”.

Resaltaron que la situación de Fernández, como figura política de gran relevancia, reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país: "Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, fijó audiencia para el 7 de julio a las 12 para definir sobre el régimen de visitas a la ex presidenta Cristina Fernández en su prisión domiciliaria.