El Ministerio de Seguridad dispuso el traslado de 19 genocidas a la "cárcel de privilegio" de Campo de Mayo

La agrupación H.I.J.O.S. denunció que el director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, dispuso el traslado de 19 genocidas, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Adolfo Donda, a la cárcel de Campo de Mayo, a la que catalogan como "un lugar de privilegios" que dista de ser una cárcel común.

Se trata de represores responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que purgan condenas, dispuestas en diversos juicios. 

Destaca H.I.J.O.S. que diez de los 19 trasladados participaron del cuestionado encuentro realizado meses atrás en la cárcel de Ezeiza, donde fueron visitados por diputados y diputadas de La Libertad Avanza.

Revela la agrupación de Derechos Humanos, que los genocidas beneficiados por este traslado son los siguientes: Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa ABO; Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.

El argumento del Servicio Penitenciario Federal es “liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas”.

En ese marco, H.I.J.O.S. sentenció que "el traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas".

Si bien reconocen que "la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad", enfatizan que "el único lugar para un genocida es la cárcel común" y que como familiares, sobrevivientes y querellantes rechazan que los represores condenados en los juicios por crímenes de lesa humanidad "cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo".