Lesa humanidad: por unanimidad, Otero Álvarez fue condenado a tres años de prisión en suspenso

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal sentenció al exsecretario del Juzgado Federal N°1 por no haber denunciado ni investigado crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Otero Álvarez después se desempeñó como juez y se jubiló con ese cargo.

Este lunes el exsecretario del Juzgado Federal N°1, Carlos Otero Álvarez, acusado de no haber denunciado ni investigado crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, fue condenado por unanimidad a tres años de prisión en suspenso.

Otero Álvarez fue declarado autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de Córdoba, tras el pedido de la Fiscalía General N°2 , el fiscal general Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Facundo Trotta que solicitaron al Tribunal una pena de 7 años de prisión.

También se lo inhabilitó especialmente por el doble de tiempo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del C.P., art. 12 del C.P. y arts. 403 y 530 del C.P.P.N).

Denunciantes de la causa, la nieta de Huego Vaca Narvaja, detenido y fusilado en 1976; Luis Baronetto, sobreviviente del terrorismo de Estado; Elba Pucheta, hermana de José, joven asesinado por la dictadura militar. 

Otero Álvarez -quien luego se desempeñó como juez de tribunal oral hasta 2009, cuando se jubiló-, había sido llevado a juicio por estos hechos junto a otros tres acusados en 2017 como parte del “juicio a los magistrados” y había terminado absuelto, una decisión que en 2020 fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó su reenvío para un nuevo veredicto.

El argumento fue que los hechos por los que fue juzgado Otero Álvarez deben ser calificados como delitos de lesa humanidad. 

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado en su alegato del 5 de marzo pasado, una pena de 7 años de prisión y 14 de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la omisión de dar cuenta de detenciones ilegales.

Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se expresaron a favor de la sentencia, considerándola “un paso más en el camino de la memoria, verdad y justicia”. 

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