Por la represión, la Justicia Federal ordenó monitorear la próxima marcha de jubilados
La Justicia respondió una solicitud cautelar que presentó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA), acompañado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina para que se investigue la brutal represión contra la marcha de jubilados y jubiladas del miércoles pasado. El fallo destacó que los hechos del 12 de marzo "no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país".
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 ordenó que la Justicia debe observar de manera presencial la manifestación convocada para el miércoles 19 en el Congreso. El objetivo es monitorear en el lugar la aplicación del Protocolo Antipiquetes e incorporar de oficio toda prueba que sirva para resolver el planteo de inconstitucionalidad presentado por el gremio de prensa y el centro de estudios.
La medida cautelar fue elaborada "ante la incertidumbre de que la represión violenta, que dejó heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, pueda repetirse", destacaron desde el CELS.
"El juez decidió hacer una observación presencial de la protesta del miércoles", informó Paula Litvachky, directora del CELS, en una conferencia de prensa de la que participaron representantes de SipreBA.
Según Litvachky el fallo "genera otras garantías para quienes decidan manifestarse" y también da lugar a las denuncias sobre "el uso" del Protocolo Antipiquetes que "es contrario a la Constitución, a las leyes y que tuvo como objetivo impedir la protesta".
La medida la dictaminó el juez Martín Cormick, quien rechazó la anulación del protocolo, pero anunció que su tribunal "observará presencialmente con suma atención" lo que suceda en la próxima movilización. Cormick expresó que "los desgraciados hechos sucedidos el 12 de marzo" no son ajenos a la discusión de la constitucionalidad.
La presentación realizada por el CELS y el SipreBA solicita que "se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas". El documento denuncia el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado tras ser herido por un cartucho de gas lacrimógeno, arrojado por las Fuerzas de Seguridad.
Después de la represión desplegada por las Fuerzas de Seguridad y la constante justificación del Gobierno, la iniciativa solicitó que la Justicia le ordene al ministerio que encabeza Patricia Bullrich, "respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta".
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