Con el argumento de "combatir el terrorismo", el Gobierno amplió las competencias de las Fuerzas Armadas

El Decreto 1107/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial establece que, en caso de ataques, daños o destrucción de espacios de “vital importancia para el Estado”, las fuerzas policiales o de seguridad federal “podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales”. Es decir, que el Gobierno nacional autorizó el despliegue de fuerzas militares en sitios que algún funcionario de turno considere “de valor estratégico” para el Estado. 

Es decir que, ante un pedido de la titular del Ministerio de Seguridad a su par de Defensa, deberá “proporcionar protección” a esa demanda, siempre y cuando estén afectados lo que se considere como un “objetivo de valor estratégico”. El decreto, confiere a esas dos carteras y a todos los funcionarios del Ejecutivo, la potestad de definir o redefinir qué es un “objetivo de valor estratégico”.

El concepto está incluido en la Ley de Defensa Nacional (23.554) pero no define clara ni explícitamente qué es un “objetivo de valor estratégico”.

En esa línea, el decreto establece que debe llamarse de esa manera a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.

Luego deja claro que “la calificación como 'Objetivo de Valor Estratégico' será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”. Es decir, que le da a cualquier funcionario de Gobierno la potestad de utilizar esa definición de manera discrecional. Y esto será suficiente para el requerimiento de personal militar. La medida es un paso adelante en la utilización del Ejército y demás armas en cuestiones internas.

Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.

El Decreto 1112/2024 introduce un concepto más amplio de amenaza, que incluye cualquier acción o intención que pueda dañar los intereses vitales de la Nación, incluso si no se materializa en un ataque directo. Además, redefine las agresiones externas para incluir no solo a otros Estados, sino también a actores no estatales con capacidad transnacional.

El uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados, para reforzar la vigilancia y defensa en distintos ámbitos serán nuevas opciones en el trabajo militar. 

En el artículo 17 del decreto se destaca que “la Defensa Nacional coadyuva al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, definidas en el Decreto N° 253/18. En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.

A diferencia del decreto anterior, que separaba estrictamente las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la nueva normativa promueve una coordinación estratégica entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en áreas clave como las fronteras. 

El CELS advirtió sobre los alcances del DNU

Tras conocerse la noticia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que "desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior", por lo tanto "puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)".

En este caso, las Fuerzas Armadas podrán estar afectadas a la defensa de "objetivos de valor estratégico", cuya definición es vaga: "cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional", cuestionó el organismo que defiende los derechos humanos.

Además, puntualizó: "Por otra parte, este decreto implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de Seguridad sino también el de las Fuerzas Armadas".

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