La Provincia busca implementar un Código de Procedimiento Penal Juvenil: enviará el proyecto a la Legislatura
Este viernes, el Gobierno provincial anunció que trabaja en un proyecto para implementar un Código de Procedimiento Penal Juvenil para casos de jóvenes en edad no punible en conflicto con la ley.
En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, advirtió por la falta de herramientas legales para abordar los casos de adolescentes con múltiples intervenciones penales. El planteo se da tras la situación del adolescente de 15 años con 18 intervenciones por conflictos con la ley que desató el debate de cómo se debería actuar.
La funcionaria indicó que "si el problema es la ley, en los próximos días se enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contemple todas las garantías de un debido proceso". Según adelantó el nuevo Código "buscará diferenciar entre jóvenes punibles y no punibles", estableciendo medidas adecuadas para cada caso.
Montero explicó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) solicitó una medida excepcional para el joven, pero la jueza Ileana Benedito consideró que no podían establecer lugares de excepción. La ministra reconoció que la Senaf fue objeto de críticas y resaltó la necesidad de una legislación que permita a los jueces dictar excepciones en casos de menores.
En declaraciones a Cadena 3, la funcionaria mencionó que, bajo su gestión, se implementó un dispositivo especial para jóvenes no punibles. Sin embargo, señaló que este dispositivo presenta limitaciones. "El operador solo puede decirle al joven que no se vaya, pero el joven se va", explicó Montero. Actualmente, solo tres de los 118 jóvenes no punibles están en un dispositivo especial.
"Yo no sería ministra si yo creyera que está todo bárbaro. Estaría en mi casa haciendo otra cosa. Estoy convencida que no tengo la SENAF que yo quisiera tener, pero estamos en camino de lograrlo. ¿Está claro? Es para ello que me han convocado. Llevamos 11 meses de gestión", agregó la funcionaria a Cadena 3.
Montero destacó que las juezas tienen la autoridad para elevar las causas y que el Poder Ejecutivo debe generar mecanismos legales que faciliten su trabajo. "No es la idea entrar en polémicas, sino resolver la situación", aclaró.
La ministra enfatizó que su objetivo es mejorar la Senaf y que, a pesar de los problemas, se incrementaron los presupuestos y se incorporaron profesionales capacitados al organismo.