Oficial: a pocos días de la sanción exprés, Córdoba promulgó su versión del RIGI

El Gobierno de Córdoba publicó este lunes en el Boletín Oficial la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado a nivel nacional por el presidente Javier Milei a través de la ley 27.742 y su marco regulatorio, conocida como Ley Bases.

De ese modo, la reglamentación de ley provincial 10.997 ya aplica a todo el territorio provincial y establece medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales. Además, de acuerdo a los aportes del gobernador Martín Llaryora en el proyecto local que se sancionó en la Legislatura el miércoles pasado -sin pasar por el debate en comisión-, extiende los beneficios a proyectos que no se encuentren incluidos en la ley nacional.

La normativa establece la adhesión de la Provincia al RIGI, respecto -exclusivamente- “de aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar y/o ejecutar -en la misma- inversiones productivas en los sectores establecidos en el artículo 167 de la citada Ley conforme corresponda”.

En la norma, que tuvo fuerte rechazo de la oposición durante la sesión legislativa, el artículo 3 se encuentra entre los puntos más polémicos ya que delega facultades en el Ejecutivo para ampliar los beneficios a inversores. 

"No puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa, y cuya decisión quede en manos de una sola persona”, expresó a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) tras la sanción del proyecto el miércoles pasado. 

"Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el RIGI en Córdoba”, explicó Austin y agregó que ante los millonarios beneficios, los grandes inversores podrían entrar en una suerte de "competencia desleal" contra las las pymes, "que hoy dan más del 80% de la mano de obra de Córdoba". 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de los Ministerios y organismos competentes, “podrá incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes, además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear, todo esto con el objetivo de fomentar y/o incentivar la radicación y/o localización efectiva de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) en la provincia, dentro del plazo previsto en el artículo 168 de la Ley Nacional Nº 27742”.

Además, la Ley provincial extiende los beneficios del RIGI a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional.

Por otro lado, entre las mayores críticas a la ley, sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 que establece que las grandes inversiones que se concreten bajo el RIGI "son de interés nacional" y por lo tanto ante “cualquier norma o vía de hecho" que vaya en contra de esas inversiones, la Justicia deberá garantizar que puedan seguir adelante. Es decir, que de acuerdo a la ley nacional a la que adhirió Córdoba, si un proyecto de inversión, vulnera el medio ambiente en la provincia, podría evitar responsabilidades o sanciones. 

"Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, indicó a este medio la legisladora Luciana Echeverría (MST), poco después de la sanción de proyecto oficialista. 

Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. 

Qué es el RIGI 

La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.

Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero. 

Entre los sectores a los que apunta el RIGI, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado). 

Judicialización de la norma

El biólogo y ambientalista, Raúl Montenegro, que también forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), durante una entrevista con LNM indicó que “lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice". 

"No se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, expresó Montenegro y añadió que en el caso del RIGI, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas.

“Sin eufemismos, el RIGI es una norma hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del 4% de la superficie original del bosque nativo”, explicó el biólogo y cerró:  “La insensatez con que está hecha la norma sobre el RIGI hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”. 

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