Ley Bases: hubo acuerdo y el proyecto se tratará en comisión la semana próxima

Las negociaciones por la Ley Bases llegaron a buen puerto y con sustanciales modificaciones en el capítulo laboral se logró permitir que avance su tratamiento y finalmente ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados luego de una negociación entre sindicalistas y el asesor Santiago Caputo.

El Gobierno finalmente aceptó eliminar del capítulo laboral de la Ley Bases los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que coincidentemente, eran los que rechazaba la CGT.

Tras una jornada donde por momentos pareció que la posibilidad de tratar el proyecto se caía, finalmente las gestiones llegaron a buen puerto y todo está dado para que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emita dictamen este jueves sobre la Ley Bases y del proyecto fiscal.

En ese sentido, la reunión se realiza desde las 12:15 y es en forma conjunta entre las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. El proyecto se trata en el recinto entre lunes y martes, y así poder sancionarlo antes del anunciado Pacto de Mayo.

¿Cómo quedó el nuevo borrador?

El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral del Gobierno, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales. Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como "grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo".

Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.

Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.

El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.

Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la Uocra.

Se tratará entre lunes y martes

Hasta el momento, nadie pone en duda que la sesión se desarrollará la semana próxima junto a la Ley de Medidas Fiscales en las fechas anunciadas (lunes 29 y martes 30).

En las últimas horas surgieron frentes inesperados de conflicto a partir de diferencias entre los tres principales bloques de la oposición con los que el Gobierno viene conversando.

La reincorporación de los impuestos internos al tabaco y la reforma laboral son los dos focos que dividieron a estos bloques, lo que generó un clima tenso en los pasillos de la Cámara de Diputados. En estas discusiones se colaron cuestiones de ego, como no podía ser de otra manera.

El Gobierno aceptó incorporar la reforma laboral y tomó como base la propuesta de la Unión Cívica Radical. El PRO, que había acercado su propio borrador, un "copy paste" del capítulo de modernización laboral del DNU 70 frenado en la Justicia, protestó por el protagonismo que le estaban dando al radicalismo en las negociaciones.

El motivo de este trato diferencial a favor del radicalismo es simple: el bloque que preside Cristian Ritondo nunca puso en duda su acompañamiento incondicional, bajándose el precio. La UCR, en cambio, no se regaló y puso algunas condiciones.

Los ánimos ya estaban bastante destemplados y llegó el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, para meter la cola. Por la mañana, el diputado dejó trascender que no estaba de acuerdo con meter la reforma laboral dentro de la ley Bases, ya que el tema podía boicotear la aprobación de la iniciativa en el Senado una vez que Diputados girara la media sanción.

Atento a la resistencia que generó su planteo de barrer con la reforma laboral, Pichetto bajó sus pretensiones y aceptó que se trate la reforma laboral en base a tres puntos centrales: eliminar las multas, extender los períodos de prueba, y el fondo de cese laboral.

Al sentir que su reforma laboral estaba amenazada, el radicalismo jugó una carta arriesgada, muy al filo: le hizo llegar al Gobierno el mensaje de que "sin reforma laboral, no hay Ley Bases".

La UCR es consciente de que tiene la llave para la media sanción de la Ley Ómnibus, y usa ese poder de fuego para negociar sobre una cornisa muy delgada, en la que también hacen equilibrio Hacemos Coalición Federal y el PRO.

El ultimátum radical sirvió, al menos, para que arrimaran posiciones en un punto intermedio. Habría acuerdo para impulsar una reforma laboral más acotada, que no tocará aquellos puntos que afecten los intereses de la CGT, como el artículo que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias para no afiliados a sindicatos.

El otro punto de discordia del proyecto Bases tiene que ver con el restablecimiento de los impuestos internos mínimos al tabaco. Este era un pedido explícito de los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Fuente: NA