El Gobierno y las provincias atraviesan otro frente de tormentas, como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales.

La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión.

Es que por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

Desde la asunción de Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas.

La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar. Pero desde enero la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.

Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema.

Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.

Ley de Presupuesto modificada

El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.

Desde que asumió Milei, se cortaron estas transferencias. No solo no se realizaban actualizadas, sino que directamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.

El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.

Giordano había hecho una propuesta

Cuando el ex ministro de Hacienda de Córdoba, Osvaldo Giordano, estuvo a cargo de Anses por 75 días, planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran u$s 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.

En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la "armonización" que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.

Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.

La situación en Córdoba

El escenario que se presenta para la Provincia por la drástica medida de frenar los giros a las cajas provinciales enciende todas las alarmas en El Panal.

Y es que para 2024, según lo estimó el medio especializado Comercio y Justicia, el déficit podría alcanzar los 200.000 millones de pesos. Claro que esta cifra podría crecer considerablemente, si es que no se reduce la inflación mensual, algo que por ahora no se puede prever.

Mientras tanto, la Provincia debe mes a mes cubrir el déficit mensual que se registra y, a su vez, profundizar medidas por demás antipáticas y que generan alta resistencia en los sindicatos que representan a los empleados y empleadas de la Administración Pública provincial. 

Tales medidas no son otras que el incremento del aporte previsional de los trabajadores activos, y el sostenimiento en el tiempo del diferimiento en el pago de los aumentos de haberes aplicados jubilados y pensionados provinciales.

Se cuenta con datos de febrero, donde el déficit en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba rondó los 12,000 millones de pesos. Las medidas adoptadas por la administración de Martín Llaryora ayudan a paliar el déficit que hoy debe afrontarse con recursos propios de la Provincia, aunque no lo cubre en su totalidad y esto preocupa sobremanera a las autoridades.

Fuente: con información de NA