Tras un acto celebrado el pasado martes en el Círculo Militar, en el que se denunció una supuesta "demonización de las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70", el ministro de Defensa, Luis Petri, posó junto la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, y un grupo de mujeres que piden liberar represores de la última dictadura cívico militar.

La fotografía generó una ola de indignación de distintos sectores vinculados al movimiento de Derechos Humanos y a la dirigencia política opositora, que tomaron el acercamiento del funcionario a Pando como un gesto de provocación en un asunto que reviste una sensibilidad extrema, a apenas días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar que dio inicio a etapa más siniestra de terrorismo de Estado que vivió la Argentina. 

Pero además ocurre en medio de rumores sobre un supuesto indulto que el Poder Ejecutivo, de boca del presidente Javier Milei, anunciaría el mismo 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en aquellos años. Las marchas previstas para este año en todo el país, se anticipan multitudinarias, por cuanto reflejarán en la defensa de los Derechos Humanos el profundo descontentosocial por las políticas de ajuste del Gobierno. 

De avanzarse en el dictado del "perdón" a los genocidas por parte del Presidente, el Gobierno nacional alcanzaría el punto máximo de provocación, buscando descalificar -y cancelar- una política de Estado como es la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, reconocida por la comunidad internacional en su conjunto.

Porque en tren de "provocaciones", cabe recordar cómo, el 8 de marzo pasado, el Día de la Mujer Trabajadora, se anunció el cambio de nombre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, ordenándose el retiro de los cuadros de grandes mujeres argentinas, que estaban allí expuestos.  

El ministro de Defensa en el Círculo Militar

Petri asistió en el Círculo Militar a la presentación de un libro escrito por el historiador Sebastián Miranda en homenaje al coronel Argentino Del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP en agosto de 1975.

Este libro reúne un conjunto de presuntas pruebas que serán presentadas en el Vaticano para iniciar el proceso de canonización y beatificación del militar, quien ya es considerado por la Iglesia como "Siervo de Dios".

Durante el evento, según reconstruyó el portal Infobae, Petri pidió "perdón por el olvido de la democracia con este héroe", en una tentativa de reproducir en sentido inverso las palabras que pronunció Néstor Kirchner hace dos décadas cuando en el acto de creación del Museo de la Memoria en el predio de la ex Esma el ex presidente pidió perdón en nombre del Estado por la vergüenza de haber callado tantas atrocidades durante 20 años".

El funcionario de Javier Milei de origen radical deslizó -de acuerdo a la crónica periodística mencionada- que "algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70".

Finalizada la actividad, Petri se fotografió junto a Pando y otras mujeres que reivindican el accionar militar de los 70 como Ana Magi (esposa de Ernesto "Nabo" Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba), María Inés Hansen (esposa de Aldo Martínez Segón, condenado a perpetua por crímenes en Chaco) y María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a perpetua por crímenes en San Luis).

Después de esa foto, Pando escribió en su cuenta de la red social X que "el ministro de Defensa comparó el narcoterrorismo con el terrorismo marxista de los 70, en un encendido homenaje al Siervo de Dios Larrabure".

La activista de extrema derecha considera que los militares condenados por la represión ilegal son "presos políticos" y siempre se manifestó en contra de los avances en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los crímenes de lesa humanidad no son "indultables"

Según indicó el portal La Política OnLine, el indulto, una prerrogativa del Presidente de la Nación, es cuestionada por la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad que considera "incompatible" y está prohibida por la Ley 27.516 para esos casos. 

Y menciona un fallo de este miércoles de la Cámara de Casación, que confirmó las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención "La Escuelita", el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y "la Escuelita" de Neuquén.

Los integtantes de la Cámara, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, destacaron que "el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura".

"La imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas", se afirma en el fallo.

Fuente: con información de NA