A los jubilados con amor: el ajuste de Milei busca igualarlos en la pobreza

Hasta el FMI, en la voz de su subdirectora Gita Gopinath, que se reunió con Javier Milei el jueves pasado en Casa Rosada, le advirtió al presidente sobre el ajuste salvaje que está aplicando a los sectores de la franja media y media baja de la sociedad. “Es esencial garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras”, le señaló la funcionaria del Fondo, justamente dándole aviso, cara a cara, que debe redireccionar su política de “déficit fiscal cero”. ¡Hasta un militante del ajuste como lo es el FMI se lo dice! 

Sin embargo, tras la reunión Milei conversó con uno de sus periodistas amigos y se refirió al ajuste a los jubilados, señalándolos “como el segmento etario que menos pobres tiene” y asegurando “que no hay plata” para ellos; o sea, más allá de que el presidente expresó una falacia con la afirmación de que hay menos pobres en esa franja de la sociedad, traduciéndolo quiso decir: como en ese segmento vemos que hay menos pobres que en otros, entonces los vamos a igualar empobreciéndolos a todos. 

Pero para ratificar que este propósito no fue un desliz discursivo de Milei, al día siguiente por la mañana, su vocero Manuel Adorni también intentó justificar la licuación de los haberes jubilatorios, expresando que “el gasto previsional es la mayor parte del presupuesto nacional”. De esta manera queda más que claro que el gobierno sólo mira números, y que ajustará el Producto Bruto Interno (PBI) aun cuando en esa tarea “todos los argentinos de bien” se hundan todavía más en la pobreza.

Cuánto cobra un jubilado

¿A qué segmento sacrificó el gobierno para que el ministro Caputo y el presidente Milei celebraran el famoso superávit de enero? La carta de cambio fueron los jubilados y pensionados, cuyos haberes en febrero cayeron en términos reales, -o sea midiendo el poder de compra- por debajo de los niveles de 2002, en medio de aquella inolvidable crisis económica, según lo informó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

En febrero, el haber mínimo se encuentra en $ 105.713, más un suplemento de Anses de $ 22.207, lo que suma $ 127.920. Para marzo, el gobierno anunció un aumento del 27,18% en los haberes (quedará en $ 134.446 la mínima) y de la misma cifra para el bono de Anses, pasando de 55 mil a 70 mil pesos. Es decir que la jubilación mínima alcanzará en marzo -y durante abril y mayo- casi 205 mil pesos, frente a una inflación medida por el Indec que tomando diciembre y enero últimos trepó al 51,4%, lo que deja en franca evidencia la licuación de los haberes jubilatorias que aplica el gobierno central. Cabe destacar en este punto que estamos a días de terminar febrero y que las principales consultoras económicas estiman una inflación no menor al 15%.

¿Cuándo recibirán un nuevo aumento?

Con una inflación que en dos meses superó el 50% es imposible imaginarse el modo de supervivencia que tendrán que atravesar los jubilados y pensionados hasta junio, cuando recién en ese mes vuelvan a recibir nuevo aumento que otra vez lo decidirá discrecionalmente el gobierno nacional. Un detalle no menor es que alrededor del 73% de los jubilados, poco más de 5,5 millones de personas, perciben el haber mínimo, que en marzo -y hasta mayo- será de 205 mil pesos.

Sarcasmo de Caputo. Sin ponerse colorado, el ministro de Economía dijo: La fórmula de los jubilados hay que cambiarla (…). Mientras tanto vamos a darles un bono y protegerles la capacidad de compra”.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba, en problemas. 

Desde Anses no se giraron los fondos para la Caja de Jubilaciones de Córdoba correspondientes a enero y febrero, y tampoco se ve luz al final del túnel. Es que obsesionado con el ajuste fiscal, el gobierno nacional también les cortó el envío de estos recursos a las provincias que no han transferido sus sistemas previsionales a la Nación. Son casi 1.100 millones de pesos mensuales que Córdoba estaba recibiendo hasta diciembre de 2023. De esta manera se abre un nuevo frente de conflicto entre el gobernador Martín Llaryora y el gobierno de Milei. No se descarta que la Provincia acuda a la Justicia para reclamar los fondos que le corresponden por ley.